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La Audiencia Nacional decide investigar si EHAK colabora con ETA

El juez Grande-Marlaska admite la querella de la Asociación de Víctimas pese al rechazo del fiscal

El juez Fernando Grande-Marlaska decidió ayer admitir a trámite la querella presentada por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la dirección del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en sus siglas en euskera), como presuntos autores de un delito de colaboración con banda terrorista. La decisión del magistrado se ha producido en contra del criterio del fiscal Jesús Alonso, que considera que la querella debía rechazarse de plano por no ser los hechos denunciados constitutivos de delito. El juez ha decidido no suspender de momento las actividades de EHAK.

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Grande-Marlaska considera que una suspensión de actividades de la citada formación política en este momento sería "aventurada y precipitada". El juez no descarta que en el futuro pueda adoptarse tal decisión si se demostrase que el partido es una sucesión de Batasuna -lo que no se le imputa ahora-, pero para ello no sólo se exige que los hechos sean delito, sino que existan pruebas de ello.

El magistrado ha fijado una fianza de 12.000 euros a los querellantes, "dadas las especiales circunstancias de la causa", en la que el fiscal ha pedido la inadmisión de plano de la querella.

La decisión no es firme y contra la misma caben recursos de reforma, ante el propio juez, y de apelación, ante la Sala de lo Penal; pero, por el momento, la Fiscalía está estudiando la resolución y no se ha pronunciado al respecto.

Listas electorales para ETA

La AVT presentó el 16 de mayo pasado una querella contra Juan Carlos Ramos Sánchez, Aritz Blázquez Díez, Javier Ramos Sánchez y Juan Manuel Rodríguez Hernández, miembros de la dirección del Partido Comunistas de las Tierras Vascas en el momento de su fundación y contra todos aquellos que formen la directiva del partido, por "haber facilitado sus listas electorales a Batasuna en las últimas elecciones al Parlamento Autónomo del País Vasco de fecha 17 de abril de 2005, asumiendo el programa electoral de la anterior".

El fiscal Jesús Alonso, siguiendo el criterio de la Fiscalía General del Estado, se opuso a la admisión de la querella por entender que EHAK no ha puesto su organización política a disposición de la banda terrorista ETA, como pretende la AVT. Alonso defendió la libertad ideológica y precisó que el hecho de que ciudadanos en plenitud de sus derechos civiles hayan votado a EHAK, aunque antes fueran votantes de Batasuna, no puede suponer delito alguno.

Sin embargo, el juez Grande-Marlaska ha admitido la querella, por entender que "el delito de colaboración con banda terrorista incluye aquellas acciones que, realizadas voluntariamente con este fin, facilitan cualquiera de las actividades de la organización criminal, y no solamente las acciones armadas".

Dice el juez que se trata de un delito que es aplicable "precisamente cuando no está relacionado específicamente con otros delitos, constituyendo un tipo de mera actividad o peligro abstracto".

Y para él, los hechos imputados "revisten los caracteres de un delito de colaboración con organización terrorista", que es necesario investigar.

Entre los indicios que el juez valora figuran el auto del juez Garzón que suspendió las actividades de Batasuna, los informes de la Unidad Central de Información en los que se señalaba que Batasuna, desde su nacimiento, formaba parte del entramado terrorista liderado por ETA, y los zutabes (boletín de ETA para sus militantes) en los que se concluía la necesidad de seguir la estrategia de articular una doble lista.

Pero Grande-Marlaska utiliza también un informe de la Guardia Civil en el que se menciona una reunión del dirigente de Batasuna Joseba Permach con miembros de EHAK. Ese informe fue desestimado como jurídicamente inservible por la Abogacía del Estado por entender que los datos se habían obtenido en flagrante ilegalidad.

Pero el juez insiste en los indicios contra EHAK y señala que "nada más ser ilegalizada con carácter definitivo Aukera Guztiak, aparece el PCTV [EHAK], cuya presencia había pasado inadvertida, siendo intervenida directamente por personas relacionadas con Batasuna. Así, decide inmediatamente ser la voz de este último partido, recordemos ilegalizado, y (...) frente político institucional orquestado a los fines de la organización terrorista ETA".

La "voz" de Batasuna

El magistrado agrega que "desde el momento en que EHAK decide ser la 'voz' de la ilegalizada Batasuna, el jefe de prensa de la última, Joseba Zinkunegi, pasa a ejercer las mismas funciones en la campaña electoral de EHAK".

"No consta igualmente", dice el auto, "que el EHAK-PCTV se hubiera presentado a procesos electorales previos, siempre posteriores a su fundación, ni que tuviera un programa previo que no fuera otro que el de sustituir a la ilegalizada Batasuna".

La intervención en el último proceso electoral de EHAK, para el juez da "cobertura aparente", a la "voluntad inequívoca de ETA, manifestada desde la misma constitución de Herri Batasuna en el año 1979, en su frente político institucional". Así que el juez cree que EHAK, "con su comportamiento electoral", puede venir "a favorecer las pretensiones de la organización terrorista ETA, manifestadas por la misma, de instrumentalizar las instituciones democráticas en beneficio de sus fines ilícitos".

El juez Fernando Grande-Marlaska.
El juez Fernando Grande-Marlaska.ULY MARTÍN

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