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Anticorrupción ve delito en la gestión del Imefe de 1996 a 1999

Denunciados dos ex cargos por cohecho

La Fiscalía Anticorrupción ha denunciado a dos ex responsables del Imefe (Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial) de Madrid en la etapa del anterior alcalde popular, José María Álvarez del Manzano, por cohecho, prevaricación y estafa. Los denunciados son el ex gerente del Imefe, Ricardo Peydró Blázquez, el ex director de servicios de formación ocupacional, José Luis Solana, y dos empresarios, Fernando Cisneros Manrique y José María Ariza, a quienes achaca iguales delitos, excepto el de prevaricación.

La gestión investigada por Anticorrupción, a partir de una denuncia socialista basada en informaciones de EL PAÍS, se ciñe al periodo 1994 a 1999, pero los hechos delictivos parten de 1996. El entramado que describe la denuncia es la siguiente: las empresas Incof, Ifomar, Defoco y Prevecón se constituyen por Cisneros y Ariza "por indicación de Solana y Peydró", por lo que los primeros "conocen de antemano sobre qué temas va a girar la programación anual del Imefe y elaboran los programas formativos en consecuencia". "Esto les coloca en una posición más ventajosa que la del resto de las empresas con las que compiten. En resumen, el juego no es limpio, las adjudicaciones están pactadas de antemano", señala Anticorrupción.

El texto define que ambos ex altos cargos incurrieron en prevaricación, ya que las adjudicaciones de concursos estuvieron "viciadas desde su origen", pues respondían al "previo pago de dinero en metálico o regalos" (cohecho) y fueron dictadas "a sabiendas", con el "ánimo de favorecer" a las citadas sociedades. El texto plantea que la empresas abonaron comisiones del 3% del importe del curso, ya que sabían desde el principio que "hay que pagar para ser adjudicatarios del Imefe".

Las empresas de los denunciados recibieron 134 cursos y al menos siete de ellos "no se ejecutaron". Incluso se ha comprobado que se falsificaron las firmas de los alumnos para simular su asistencia. Anticorrupción calcula en 154.532 euros el perjuicio patrimonial ocasionado.

Solana incurrió en un delito de falsedad y estafa, ya que no visitaba "a propósito", salvo en contadas ocasiones, los cursos. "Para evitar ser descubierto y que saliera a la luz el trato de favor recibido por estas adjudicatarias, prefería no inspeccionar ninguna", señala el escrito.

Sobre Peydró se afirma en la denuncia que "también recibía regalos por favorecer las adjudicaciones y cerrar los ojos sobre lo que estaba sucediendo, y con su proceder favoreció la comisión de los delitos de falsedad y estafa al no adoptar ninguna medida para evitarlas". Isabel Vilallonga, la concejal socialista que indagó esta trama, se felicitó ayer: "La denuncia nos ha dado la razón".

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