Retos

Quizás el reto más acuciante al que se enfrenta cualquier dirigente político sea el de garantizar el beneficio público de la inversión privada. Ha sido este un dilema constante porque no siempre resulta fácil asegurar la equidad social sin ahogar el impulso económico de la empresa privada. En la consecución de este objetivo hay que descartar tanto el monopolio político de la administración como el monopolio exclusivo y excluyente del mercado. En una sociedad compleja como la nuestra, ningún poder, ni público, ni privado dispone de la información y el conocimiento como para actuar en solitario. Ni es cierto que la suma de egoísmos particulares genere armonía general como prescribe la mano invisible del liberalismo económico, ni tampoco la mano de hierro del estado puede alcanzar desde la jerarquía el interés general.

El empeño es más complicado y todos, actores públicos y privados están obligados a colaborar. Me corresponde como presidente de la Diputación de Granada definir el lugar de un gobierno provincial en el desarrollo económico de Granada. Lo he afirmado en cuantas ocasiones ha sido preciso: lo que ubica a un territorio en el mapa de un mundo globalizado es la ventaja cooperativa derivada de la interacción de sus actores, sean gobiernos, instituciones financieras, empresas privadas o asociaciones sin fines lucrativos. Ahora bien, todos estos actores no convergen de manera espontánea en una estrategia compartida y ahí es donde el gobierno debe aportar liderazgo para que estas organizaciones formalmente autónomas se vuelvan interdependientes.

El gobierno local ha dejado atrás la etapa de prestador de servicios mínimos y ha asumido con éxito la nueva agenda del desarrollo local, el suyo debe ser un liderazgo promotor, capaz de articular una red de actores que haga el territorio competitivo y atractivo para residir e invertir.

Después de la Ronda de Uruguay y la creación de la Organización Mundial del Comercio, las posibilidades de los estados para proteger las inversiones nacionales se han reducido drásticamente. Ni las barreras arancelarias, ni los tratos de favor se admiten en un marco económico dominado por la competencia. Es justamente aquí donde los gobiernos locales disponen de ventaja comparativa para impulsar iniciativas económicas vinculadas a actividades no especulativas como los servicios personales o las relacionadas con el medio ambiente. Son estos campos donde la competencia se basa no tanto en salarios bajos como en la calidad de los productos.

Los gobiernos locales pueden contribuir con programas para que los recursos humanos tengan la formación profesional adecuada, pueden también garantizar servicios públicos eficientes y seguridad jurídica. Es urgente desechar la idea de que el bajo coste de la mano de obra o la exención de impuestos son los señuelos que atraen inversión. Los buenos empresarios saben que no es así, que estos reclamos no sirven ni para el corto plazo porque implican costes sumergidos que hacen inseguras las inversiones.

Por otra parte, comienza a tomar carta de naturaleza el concepto de responsabilidad social de la empresa, la necesidad de que los empresarios contemplen el trabajo y el capital no solo como una reciprocidad mercantil sino también como una relación que afecta a generaciones venideras.

Para finalizar, quiero insistir de nuevo en el papel articulador del gobierno local para generar espacios públicos de calidad, para divulgar en foros nacionales e internacionales las excelencias de las iniciativas empresariales localizadas en el territorio, para, en fin, generar esas interdependencias imprescindibles. No es la menor de ellas conseguir que la existencia de distintos actores públicos y privados no trasladen su descoordinación a la ciudadanía y cualquiera que desee abrir una empresa encuentre una oferta concurrente en el gobierno autónomo, el gobierno local, las instituciones financieras o las organizaciones empresariales. En bien de la promoción económica debemos juntar esfuerzos, después de todo, es la ciudadanía la única e indivisible.

Antonio Martínez Caler es presidente Diputación de Granada