El Gobierno marca las "líneas rojas" que no puede traspasar el Estatuto catalán

El Gobierno central ha advertido al Ejecutivo catalán de que en el texto de la propuesta de reforma del Estatuto de Cataluña que apoya el tripartito hay "líneas rojas" que "sobrepasan manifiestamente" las posibilidades de la Constitución. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, expuso el pasado domingo este criterio del Ejecutivo central al consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat, Joan Saura. Caamaño ha declarado que "aún hay tiempo de modificar esas líneas rojas".

El objetivo, según Caamaño, sería "meterse en una frontera constitucionalmente razonable". El Gobierno ha avisado que no aceptará el uso reiterado del artículo 150.2 de la Constitución relativo a transferencias de competencias estatales mediante ley orgánica ni que se utilice el Estatuto catalán para alterar los límites provinciales, cuando el artículo 141 de la Constitución exige ley orgánica específica.

Tampoco aprueba el Ejecutivo central, según explicó Caamaño a Saura, que la nueva norma catalana incluya un sistema de financiación autonómico propio, cuando esa tarea no puede acometerse de forma bilateral, sino en el marco estatal. Pese a estas advertencias, el Ejecutivo tripartito ha decidido mantener el sistema de financiación en el nuevo Estatuto.

El primer consejero del Ejecutivo catalán, Josep Bargalló, de Esquerra Republicana de Cataluña, recordó ayer que el Gobierno central "no debe aprobar el texto", sino que esa función corresponde al Parlamento catalán y, luego, al Congreso.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, reclamó "prudencia y respeto a las instituciones catalanas" hasta que se apruebe el proyecto de reforma en el Parlamento catalán.