'Time' entrega documentos a la fiscalía que identifican las fuentes de un periodista

Los editores de la revista Time han escrito un capítulo controvertido en el que ya es el mayor conflicto de la historia reciente entre el Gobierno de EE UU y los medios de comunicación. Un fiscal nombrado por el Departamento de Justicia investiga un delito de revelación de secretos por parte de dos periodistas que, presuntamente, obtuvieron la información de altos cargos del Gobierno. El juez quiere encarcelar a los redactores, uno de Time y otro de The New York Times, por negarse a revelar sus fuentes. Time cedió ayer a las presiones y anunció que colaborará con la justicia. "Aunque entiendo la decisión de entregar papeles que identifican mis fuentes, me siento obviamente defraudado", ha dicho Matt Cooper, el redactor de Time.

Los críticos creen que Time ha tomado esta decisión para evitar multas y que va a erosionar las libertades de prensa y de expresión. El Tribunal Supremo ha declinado intervenir en el caso, que es sumamente complejo y está lleno de opiniones apasionadas.

El delito del que se acusa a los dos periodistas es el de desacato, por negarse a revelar quién desde el Gobierno presuntamente les facilitó la identidad real de una agente encubierta de los servicios de inteligencia de EE UU. Difundir la identidad de un agente secreto es un delito federal en Estados Unidos. El caso es tan complicado que ni siquiera fueron los dos periodistas investigados quienes publicaron la identidad del agente. La difundió otro redactor, Robert Novak, afín al Gobierno, que ni siquiera ha sido acusado de ese mismo delito.

Todo arrancó hace algo menos de dos años, cuando el ex embajador Joseph Wilson, que fue uno de los pocos que se opusieron abiertamente a la invasión de Irak, desveló que el año anterior viajó a Níger por encargo de la CIA para investigar la supuesta compra de uranio nuclear por parte del antiguo Gobierno de Sadam Hussein. A su regreso, Wilson comunicó a la Casa Blanca que esa acusación era infundada e imposible, y aún así el presidente, George W. Bush, decidió repetirla en el discurso sobre el Estado de la Unión anterior a la invasión. Desatada la polémica, el Gobierno reconoció el error pero lo achacó no a una manipulación intencionada de pruebas para justificar la invasión sino a un desliz, y obligó al director de la CIA a asumir la culpabilidad.

Posteriormente, alguien desde el edificio presidencial se puso en contacto con un columnista conservador de The Washington Post, Robert Novak, y al menos otros seis periodistas más para filtrar que la mujer de Wilson, Valerie Plame, una diplomática del Departamento de Estado que viajaba con él a las embajadas a las que era asignado, era en realidad una agente encubierta de la CIA que había trabajado como espía en varios países usando las embajadas como tapaderas. La filtración pretendía demostrar que Wilson recibió el encargo de viajar a Níger no por su capacidad para investigar la trama del uranio sino por su relación con esa agente.

Hasta 10 años de cárcel

Dado que filtrar el nombre y la identidad real de la agente sólo servía para acabar con su carrera y quizá para poner su vida en peligro, la filtración se ha interpretado por muchos como una venganza intencionada por parte del Gobierno de Bush contra alguien que se atrevió a criticar sus razones para la invasión de Irak. Desvelar el nombre de un agente encubierto es un delito castigado con hasta 10 años de cárcel. El Departamento de Justicia inició una investigación en la que el entonces Fiscal General, John Ashcroft, se recusó a sí mismo y nombró a un fiscal del Estado, Patrick Fitzgerald, para trabajar a través de un gran jurado federal.

El juez que supervisa el caso, Thomas Hogan, ordenó a dos periodistas que investigaron la polémica, Judith Miller de The New York Times y Matt Cooper, de la revista Time, a desvelar quién o quiénes en el Gobierno de EE UU facilitaron la identidad de Plame como agente secreto.

Una vez que el Tribunal Supremo decidió el lunes pasado no intervenir en el caso, los dos periodistas se enfrentan la semana próxima a una condena por desacato que puede elevarse a 120 días de cárcel.

Es ahí donde comienzan los enigmas de esta polémica. Aunque esa fuente, según parece, hizo circular la identidad de Plame entre más de una media docena de periodistas, sólo Novak, conocido ultraconservador favorable a las teorías de Bush, lo publicó en su columna, lo que satisfacía las intenciones de quien se lo había filtrado. Cooper sólo escribió un artículo sobre el proceso de filtración cuando Novak ya había destapado la identidad de la agente, y Miller ni siquiera llegó a publicar una sola línea sobre el asunto, tan sólo hizo gestiones y llamadas de teléfono.

Correos electrónicos

No se sabe hasta qué punto Novak ha colaborado con la fiscalía, pero sorprende que él no esté amenazado por una pena de cárcel. Él fue, al fin y al cabo, quien desveló que la información se la habían ofrecido "dos altos cargos" del Gobierno. El juez también había exigido a la revista Time que entregase todos los documentos en su poder relativos a la investigación periodística de Cooper. Contrariamente a lo que pedía el redactor -dispuesto, como Miller, a ir a la cárcel con tal de preservar sus fuentes-, los editores han decidido entregar a la fiscalía esos documentos, aunque se desconoce también su valor en la investigación. Se trata fundamentalmente de correos electrónicos y notas tomadas en reuniones.

James C. Goodale, ex consejero general de la compañía editora de The New York Times y citado por este periódico como "una autoridad en materia de protección legal a periodistas", asegura que las empresas informativas tienen la obligación de proteger las notas y documentos de sus reporteros porque representan su activo principal. "Una compañía tiene que proteger sus valores incluso aunque eso signifique caer en desacato. Tiene la obligación bajo la Primera Enmienda de proteger esos activos, y que los proteja va en el interés de los accionistas de la compañía", asegura Goodale.