Desmanteladas seis clínicas odontológicas ilegales

La policía ha desmantelado seis clínicas odontológicas ilegales regentadas por falsos dentistas ecuatorianos y ha evitado la apertura de otros dos centros en los distritos de Carabanchel y Salamanca. La Operación Empaste ha concluido con la detención de ocho personas, que han sido acusadas de los delitos de intrusismo laboral y contra la salud pública, según informaron ayer fuentes policiales. Los falsos dentistas desarrollaban su actividad, pese a no tener un título homologado, en pisos particulares, sin las menores medidas de higiene y seguridad para el paciente.

Las investigaciones comenzaron en enero a raíz de una tarjeta profesional de un odontólogo en la que constaban sólo tres teléfonos: el de su domicilio, el de la consulta y el móvil. Los agentes del Grupo V de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsificación Documental (Ucrif) de la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación comenzaron las pesquisas hasta que determinaron que se trataba de Moraima de Jesús Miño Miño, de 44 años, que trabajaba en el piso bajo izquierda en la calle del Pez, número 9 (Centro).

Los agentes desmantelaron esta clínica en febrero y no le dieron publicidad al caso, ya que sabían de la existencia de una supuesta asociación de dentistas de origen ecuatoriano que trabajaba de forma ilícita. La colaboración directa del Colegio Oficial de Odontólogos y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid permitió descubrir que ninguno de estos supuestos profesionales tenía licencia para desarrollar esta actividad ni un título homologado. Tan sólo contaban con una formación de mecánico dentista, obtenida en su país de origen.

Enfermedades contagiosas

Esa falta de preparación no les impedía realizar todo tipo de intervenciones dentales, como anestesiar, extraer o reconstruir piezas, empastes, ortodoncias, endodoncias y administrar analgésicos. Y todo ello, en lugares de escasa habitabilidad y radicados en barrios donde abundan los inmigrantes irregulares, que se han convertido en su clientela potencial, sobre todo por las precarias condiciones económicas que suelen atravesar.

La falta de higiene era tal, que el instrumental era limpiado en pequeñas pilas dentro de la propia consulta, sin someterlos a una esterilización adecuada en autoclaves. Esto supone un riesgo palpable para los pacientes, que podían contraer enfermedades contagiosas de todo tipo. Uno de los arrestados usaba un microondas para desinfectar su instrumental.

Además, los residuos sanitarios eran tratados como basura doméstica y arrojados al cubo de la comunidad de propietarios. También carecían de seguridad y protección radiológica. Uno de los detenidos construyó un compresor para hacer funcionar las turbinas dentales (tornos y similar) con el recipiente de una bombona de butano. Algunos, más precarios todavía, usaban infladores manuales como los empleados para llenar las colchonetas y balones de playa.

Las pesquisas continuaron con la detención de Sonia Alba Pinos, de 44 años, que regentaba, junto a su compañero José Gesto Rodríguez, un local pirata en el piso 1º derecha del número 270 de la calle de Alcalá (Ciudad Lineal). También ha sido arrestado Milton Gerardo Aguayo Monar, de 42 años, en el bajo izquierda del número 28 de la calle de Carballino (distrito de Latina).

La siguiente detención se produjo en el piso 2º A del número 140 de la calle de Nicolás Sánchez (Usera), donde tenía su particular consulta José Luis Alemán Castro, de 42 años. Geovani Fernando Pino -hermano de Sonia Alba-, de 39 años, tenía su clínica en la calle del Virgen del Sagrario, número 20, bajo 4 (Ciudad Lineal). Carlos Antonio Escobar Morán, de 42 años, hizo lo mismo en la calle de la Alondra, número 10, piso 1ºA (Carabanchel).

Uno de los problemas con que tropezaron los investigadores es que los dueños de las clínicas cambiaban de forma periódica el lugar de la consulta, lo que dificultaba su localización. Los dentistas siempre mantenían contacto con los clientes a través del teléfono móvil. En algunos casos, los altos ingresos que llegaban a cobrar les permitió pasar de un local en alquiler a una vivienda propia. En otras, incluso dos de los detenidos intentaron legalizar su situación. Fueron las últimas desarticulaciones y después de que la noticia corriera de boca en boca entre los afectados.

Los agentes evitaron que otros dos ecuatorianos abrieran sendas clínicas. Se trata de Segundo Minos Herrera Jiménez, de 40 años, que pretendía instalar su puesto de trabajo en la calle de Luis Gómez, número 7 (Carabanchel), y de Martha Cecilia Guerra de la Cruz, que tenía previsto inaugurar su local en la calle del Cardenal Belluga, número 13 (distrito de Salamanca).

En las investigaciones también participaron la Inspección Provincial de Trabajo, el Consejo de Seguridad Nuclear y el Ministerio de Educación.