Manipulación e imprevisión descubierta

La investigación parlamentaria del atentado más grave en la historia de España -191 muertos y más de 1.800 heridos tras la explosión de 10 bombas en cuatro trenes que salieron de Alcalá de Henares con dirección a Madrid en la mañana del 11 de marzo de 2004- ha permitido descubrir aspectos clave en la gestión de la tragedia por parte del Gobierno y en la deficiente política de seguridad pública que padeció España antes de la matanza de los trenes.

Los trabajos parlamentarios destaparon la manipulación de la información por parte del Gobierno de José María Aznar. Entre lo que Ángel Acebes, entonces ministro del Interior, explicó en sus conferencias de prensa entre el 11 y el 14 de marzo, y los descubrimientos que en esas fechas hacía la policía, había una grave diferencia: mientras que el dirigente del PP mantenía que la hipótesis principal de los agentes atribuía el atentado a ETA, los policías acumulaban indicios que alejaban las investigaciones de ETA y las acercaban al terrorismo islamista.

Ningún mando policial avaló las sospechas del PP sobre la vinculación de ETA con el atentado

La investigación también aclaró la falta de medidas preventivas tomadas por el Ejecutivo del PP antes del 11-M ante la amenaza del terrorismo islamista. Las plantillas de la policía y de la Guardia Civil creadas al efecto apenas crecieron; las cintas grabadas en la cárcel a delincuentes islamistas, algunos detenidos por terrorismo, se acababan destruyendo por falta de traductores de árabe...

El Gobierno socialista facilitó a la comisión numerosos documentos confidenciales de los servicios de información de policía, Guardia Civil y CNI donde se advertía repetidamente sobre la creciente amenaza terrorista y el riesgo que entrañaba el apoyo de España a la guerra de Irak. Ninguno de esos informes se había conocido con antelación a los hechos del 11 de marzo. Los españoles ignoraban que, según sus servicios de seguridad, había una amenaza cierta de que los islamistas podían perpetrar un atentado en este país. Ni el presidente del Gobierno en sus discursos, ni el ministro del Interior en su acción diaria, ni los programas antiterroristas aprobados, se fijaron en la amenaza del terrorismo internacional.

Los comisionados conocieron los agujeros existentes en materia de seguridad pública cuando analizaron los informes sobre los controles existentes en los polvorines de las minas y cuando conocieron la vía por la que los terroristas del 11-M llegaron al explosivo con el que atentaron en los trenes.

El Ministerio del Interior aprobó un nuevo reglamento de fabricación, distribución y uso de explosivos e impulsó reformas legales para tapar las deficiencias descubiertas en la gestión de la dinamita en los polvorines de las explotaciones mineras de España, un país que sufre atentados terroristas desde hace más de 30 años.

La investigación parlamentaria también destapó la falta de coordinación policial, lo que había permitido que pese a la existencia de confidentes que informaron sobre el tráfico ilegal de explosivos, la dinamita llegara finalmente a los terroristas que la emplearon en los trenes de Madrid.

Los trabajos han sido los más largos de una comisión de investigación en la historia del Congreso de los Diputados. También ha sido la primera vez que en ese foro han comparecido un presidente (José Luis Rodríguez Zapatero) y un ex presidente del Gobierno (José María Aznar).

La investigación se inició tras sendas propuestas presentadas por el Grupo Popular y por los grupos del PSOE, ERC, PNV, IU y Mixto, con el objetivo de "esclarecer la verdad acerca de los hechos sucedidos los días 11 al 14 de marzo, así como los antecedentes y consecuentes que resulten coherentes con aquella finalidad" y "esclarecer los acontecimientos anteriores y posteriores a los atentados del 11 de marzo vinculados con éstos y las actuaciones que han realizado sobre ellos los poderes del Estado".

Los 16 comisionados conocieron en 56 sesiones con 57 comparecencias, a través de los interrogatorios a políticos y mandos policiales, los detalles de cómo se gestionó toda la información que le llegó al Gobierno sobre la investigación del atentado y de cómo la manejó. No hubo ni un solo mando policial que respaldara la tesis de que ETA ha podido tener alguna relación con el atentado del 11-M, bien a través de su participación directa o de su colaboración con los terroristas que perpetraron la matanza en los trenes. Ni siquiera los mandos policiales elegidos durante el Gobierno del PP respaldaron la sospecha que los dirigentes populares empezaron a manejar respecto a la participación o vinculación de etarras con el atentado.

El PP se quedó sin poder interrogar a algunos delincuentes porque el resto de los grupos negó esas comparecencias. Se trataba de personas encarceladas por facilitar a los terroristas los explosivos, y de algunos confidentes y guardias civiles relacionados con la trama asturiana de la dinamita.