La Sociedad Pública del Alquiler también 'vive' de alquiler

Entre 250 y 300 metros cuadrados, repartidos en una sola planta, en una zona en la que el alquiler de oficinas ronda de media 25 euros el metro (estimación de la firma Aguirre Newman). Ahí, en pleno paseo de la Castellana, en el corazón financiero de Madrid, se ha instalado la Sociedad Pública de Alquiler, empresa estatal creada por el Ministerio de Vivienda para promover el débil mercado español del arrendamiento y dar seguridad a los propietarios. Para dar ejemplo, la entidad ha decidido vivir como inquilina en su propia sede, ubicada en los bajos del número 91 de la Castellana.

La casera se llama Sepes, entidad pública empresarial de suelo que depende de Vivienda y a la que está adscrita la Sociedad Pública de Alquiler. Fuentes del ministerio no saben decir qué mensualidad paga ésta a la propietaria, que también tiene su sede en ese edificio. Hay que tener en cuenta que es probable que la renta que le cobre Sepes vaya en línea con lo que pagan los vecinos (esos 25 euros el metro al mes) o incluya algún descuento, ya que, al fin y al cabo, depende de esta entidad, aunque la Sociedad de Alquiler deberá autofinanciarse.

"Todavía no está abierta al público, están preparándolo todo para instalarse definitivamente después del verano", explica la guardia de seguridad que vigila la puerta a un ciudadano que pasaba por allí y le había preguntado si se pueden alquilar ya pisos. Fuentes del ministerio explican que ya se ha mudado al edificio buena parte de los cerca de 20 empleados que trabajarán allí.

Lo cierto es que no hará falta acudir a esa sede para solicitar los servicios de la agencia, ya que éstos se podrán solicitar a través de los ayuntamientos, comunidades, agencias inmobiliarias, agentes de la propiedad y otros organismos que acuerden colaborar y entrar en la red de la agencia.

Acuerdos a la vista

Ahora mismo, sus responsables negocian con todos esos agentes para que los pisos en alquiler de que disponen se apunten a la lista de la sociedad, cuya función es intermediar entre el propietario y el inquilino. "Están a punto de cerrarse acuerdos concretos", afirman en el ministerio. El objetivo es que la sociedad esté funcionando a pleno rendimiento este otoño, con unos 1.000 pisos, y consiga en cuatro años una bolsa de 25.000 viviendas -un 1,5% del mercado de alquiler- con rentas asequibles. El propietario deberá pagar a esa sociedad una comisión del 20% de la renta del inmueble que le cobre al inquilino. A cambio, la entidad le garantizará el cobro de la renta mensual durante cinco años y el perfecto estado de la vivienda. Si el inquilino deja de pagar o provoca algún daño, la entidad pública se hará cargo de todos los gastos, incluyendo los judiciales, mediante pólizas de seguros.

Pero persisten algunas incógnitas sobre su funcionamiento real. Tras haberse constituido como sociedad anónima el 5 de mayo pasado, con un capital social de 20 millones de euros, según el Registro Mercantil, queda por ver cómo evoluciona el recibimiento de esta agencia por las comunidades, que tienen transferida buena parte de las competencias en materia de vivienda. Las gobernadas por el PP ya se han mostrado contrarias.

También hay que ver si Vivienda logra cerrar con las aseguradoras un acuerdo que dé garantías a los propietarios, pero también permita el acceso a esos pisos a los ciudadanos que más necesitan esas casas, como los jóvenes, que no suelen tener una nómina fija que les avale. A la espera de que el proceso avance, la Sociedad de Alquiler ya ha colgado sus carteles identificativos en la puerta de su sede alquilada.