Desacuerdo comunitario

Cuando terminó la última cumbre de la Unión Europea, la mayoría de los medios de comunicación del continente utilizaron el término "crisis profunda". No les falta razón, la situación en la que ha quedado el proceso de construcción europea está rodeado de una importante sombra de incertidumbre. El "no" francés y holandés a la Constitución, convertidos en claro obstáculo para el futuro político pensado por la Convención y la Conferencia Intergubernamental, no fue resuelto por los líderes europeos, en una demostración de que no había plan B al rechazo de dos de los países fundadores. Si buscamos entre las razones de este inesperado problema es posible que encontremos una cierta ruptura entre los ciudadanos que accionan el "no" ante la propuesta constitucional y unos líderes que, sencillamente, no reaccionan.

Es posible que se requieran cambios de gobierno en algunos de los Estados para desbloquear la situación

Unos ciudadanos cansados de la distancia existente entre la élite política y la sociedad civil, alejados por tanto de las razones del "sí", desconfiados ante los cambios económicos y dubitativos ante la ausencia de un norte hacia el que dirigir esta Europa en la era de la competitividad global, temerosos de los efectos que ésta pueda tener en su economía y en su modelo de bienestar. Unos ciudadanos que ven a los líderes europeos entrar en el edificio del Consejo en Bruselas para buscar una solución y salir al día siguiente sin nada que decir, excepto que ninguno de ellos es el culpable sino el vecino. Y unos altos dirigentes negándose a reconocer una evidencia que bien pudiera constituirse en un principio de solución para el futuro: el reconocimiento por parte del conjunto del Consejo Europeo de que la incapacidad de reacción de esta cumbre es un fracaso colectivo.

Pero más allá de la dimensión constitucional, y entrando en el capítulo financiero, las cosas no fueron mucho mejor. Tony Blair propuso una vez más el viejo anhelo de Margaret Thatcher de adelgazar las partidas destinadas a agricultura y rechazó la congelación del famoso cheque británico (pago compensatorio al Reino Unido por la aportación británica a un presupuesto comunitario que no le reporta prácticamente fondos agrícolas a Gran Bretaña). Entre tanto, Chirac y sus aliados se empeñaban en reclamar el mantenimiento de los porcentajes de inversión en la Política Agrícola Común y pedían que se rebajara la compensación al Reino Unido. De fondo, resonaba un viejo duelo de posiciones políticas que, en este caso, servía para bloquear la posibilidad del acuerdo. Chocan de nuevo dos posiciones clásicas; por un lado, quienes entienden que la Unión es más mercado que avances en materia de integración política de soberanías y que el presupuesto comunitario debe diversificar la inversión. Por otro, los que opinan que se deben mantener las inversiones en materia de cohesión y política agrícola, mientras defienden que la Unión Europea debe avanzar integrando espacios de soberanía y dibujando horizontes políticos compartidos.

Sobre estos planteamientos, y contando con que la presidencia del Consejo se va a Londres, es casi seguro que la crisis se prolongue muchos meses y que hagan falta cambios de gobierno en algunos de los Estados para desbloquear la situación.

En cualquier caso, la falta de acuerdo sobre las perspectivas financieras 2007-2013, puede retrasar, e incluso parar, proyectos estructurales de desarrollo en los países más necesitados del nuevo club de los 25 y convertirse, así, en un enorme obstáculo para los propósitos mismos de la quinta ampliación. Además, se corre el riesgo añadido de que los mercados empiecen a considerar que una Unión Europea con el presupuesto congelado es una zona poco atractiva, que cotiza a la baja, y que a esto se sume el descrédito ante el resto del mundo y ante las grandes potencias políticas, comerciales y tecnológicas.

Si no se encuentra en menos de un año una solución en el capítulo presupuestario, casi la mitad del total de gasto se quedará sin ejecutar a partir de 2007 (sólo están garantizados los pagos obligatorios; política agrícola y gastos administrativos de las instituciones). El resto de los programas plurianuales quedarían paralizados; fondos estructurales y fondo de cohesión, destacando las ayudas regionales al empleo, la financiación para investigación, desarrollo e innovación, y las ayudas a la educación (entre ellas el programa Erasmus).

Si finalmente hubiera acuerdo, todos los países ingresarán las partidas que les corresponden cuando finalice el periodo en 2013, pero si la aprobación se retrasara más de un año podría faltar tiempo para ejecutar el gasto. Los más perjudicados serían los países que más solidaridad necesitan para su desarrollo social y estructural (los nuevos miembros) y los países que se acercan a la renta media comunitaria y que están a un paso de convertirse en contribuyentes netos; España, por ejemplo. Al verse elevado el nivel de riqueza de nuestro país, las ayudas estructurales a las comunidades autónomas pueden decaer hasta una oscilación situada entre 0,29 y 0,52 puntos de impacto en la tasa de crecimiento del PIB. Esto puede provocar una ralentización del proceso de convergencia de España con los niveles medios existentes en la Unión Europea, teniendo un efecto negativo en la evolución de la economía del país y consecuencias importantes en materia de inversión, productividad y competitividad.

Así que, por interés propio y comunitario, y desde una doble perspectiva política y económica, no estaría nada mal que nuestros líderes se pusieran de acuerdo en futuros consejos; si no con Londres, quizá con Viena.

Eduardo Madina es secretario general de las Juventudes Socialistas de Euskadi y diputado del PSOE en el Congreso.