El Gobierno aprobará la LOE en julio

Después de que en el primer curso de la legislatura hayan avanzado lentamente los proyectos educativos del Gobierno, el Consejo de Ministros prevé aprobar el próximo mes la norma con la se cambiará de nuevo toda la educación no universitaria, la Ley Orgánica de Educación (LOE). El Ministerio de Educación quiere además presentar en julio un primer texto para el debate de la reforma de la polémica Ley Orgánica de Universidades (LOU), así como dar a conocer la propuesta de la Comisión de Expertos sobre el futuro mapa de titulaciones universitarias.

La elaboración de la ley no universitaria es el proyecto en el que más ha avanzado el ministerio durante el curso académico que acaba de concluir. Tras paralizar en mayo de 2004 por dos años la aplicación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), promovida por el PP en la pasada legislatura, el Ministerio de Educación presentó un texto para el debate en otoño y prolongó la consulta con organizaciones educativas y comunidades autónomas hasta el pasado 29 de marzo, cuando presentó el anteproyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE). Posteriormente la envió al Consejo Escolar del Estado.

El último texto de la LOE se remitirá en breve al Consejo de Ministros, quien lo enviará al Consejo de Estado. La previsión es que vuelva al Consejo de Ministros para su aprobación y remisión al Congreso de los Diputados el 22 o el 29 de julio.

La LOE derogará tres de las cuatro leyes educativas vigentes: la LOCE, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la que regula la participación y gobierno de los centros (LOPEG). Con el texto ya prácticamente concluido (presumiblemente sólo sufrirá cambios técnicos), los temas más polémicos son los siguientes:

- Financiación. Los dos grandes problemas del sistema educativo, que están interrelacionados y tienen a su vez ramificaciones, son el equilibrio entre la financiación de la educación pública y concertada y entre la admisión de alumnos en las dos redes educativas.

La financiación del sistema es insuficiente a todas luces según todos los colectivos educativos. El gasto público en España en Educación representa el 4,4% del PIB, según datos de 2004. Hace doce años, en 1993, este porcentaje era del 4,9%. El gasto público medio de los países de la UE en Educación es del 5,1% de su PIB.

- El cobro en concertada. El último texto de la LOE incluía la prohibición a los centros privados concertados de cobrar obligatoriamente a las familias a través de las asociaciones de padres o de fundaciones. Estas fórmulas son adoptadas por numerosos centros concertados para completar la financiación pública que reciben. Las patronales de la educación concertada no reconocen estos cobros ya que aseguran que se trata de pagos voluntarios de las familias, pero a la vez llevan años reivindicando una revisión de los conciertos para aumentar su cuantía.

El problema es que cada plaza concertada se financia por la Administración a menor coste que la pública y esto no es suficiente para mantener los colegios, según la queja de este sector.

Por otro lado, estos cobros hacen que se produzca una selección indirecta por razones socioeconómicas de los alumnos, ya que, aunque no exista una obligación de pagar esas cantidades, los padres aseguran que son informados en muchos centros a la hora de solicitar una plaza de que la mayor parte de las familias pagan esas mensualidades o una cuota de inscripción. Esto echa atrás a las familias con escasos recursos económicos.

La inclusión en la LOE de la prohibición de estos cobros ha provocado malestar en el sector concertado (que reclama la revisión del problema de su financiación de raíz) y ha sido aplaudido por el público por dos razones.

La primera es que esta medida ahonda en garantizar el cumplimiento de la ley (ya la LOPEG prohibía estos cobros), aunque no acaba de liquidar el tema al no prohibir todos los cobros sino sólo los "obligatorios". La segunda es que esos cobros provocan que los centros públicos acaben absorbiendo la mayoría del alumnado procedente de familias con escasos recursos, inmigrantes y a los que tienen problemas educativos, según los sindicatos.

Además, la LOE no incluye en la prohibición de cobro las actividades "complementarias" y "extraescolares" en los centros concertados. La LOPEG, ley que deroga esta reforma, modificó la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) estableciendo que los concertados no podrán realizar esas dos clases de actividades con "carácter lucrativo" y que cualquier cobro de éstas debe ser autorizado por la Administración. Algunos centros concertados cobran a los padres horas de refuerzo de materias como matemáticas o lengua (que se imparten como asignaturas complementarias entre la jornada de mañana y de tarde), lo que resulta otra fórmula de financiación adicional.

La nueva reforma no incluye ni el compromiso de realizar un estudio sobre el coste real de la enseñanza concertada (algo qeu sí hace la LOPEG) ni sobre las necesidades de la pública.

- Coste de la ley. El ministerio presentó el 31 de mayo el cálculo del coste de la LOE: 6.100 millones de euros. No se trataba de la memoria económica sino de un plan de financiación en el que se habían incluido, por ejemplo, las becas universitarias. Educación no tiene aún el visto bueno de Hacienda a su memoria económica, según fuentes próximas al ministerio. El Gobierno se comprometió a remitir la LOE al Consejo de Ministros con esa memoria. Los socialistas criticaron al PP por no hacerlo cuando presentó la Ley de Calidad.

- Recorte de asignaturas. La presión de los colectivos que defienden mayor presencia de la filosofía en el bachillerato ha surtido su efecto. El ministerio ha vuelto de poner Historia de la Filosofía en 2º de bachillerato (materia que se había quitado), así como la Ética en 4º de ESO, que se llamará Educación Ético-cívica. También mantiene la filosofía en 1º de bachillerato, como Filosofía y Ciudadanía.

Sin embargo, ha mantenido la reducción de la Educación Plástica y Visual y de la Música a uno de los tres primeros cursos de la ESO. Ahora se imparten en los tres. La mayoría de los estudios y de los currículos de los países europeos incluyen un tiempo de educación artística, plástica, musical o dramática a esas edades (entre los 12 y los 15 años). Lo consideran tan importante para el desarrollo del niño como, por ejemplo, la Educación Física. La LOE también deja la Tecnología en sólo uno de esos tres cursos.

- Enseñanza de la religión. El cambio propuesto por el Gobierno en la materia de Religión y en su alternativa básicamente vuelve a apostar por la situación actual, establecida por los socialistas en la ley de 1990: una materia de Religión confesional evaluable (excepto en 1º de bachillerato) pero con alternativas variadas no evaluables.

La Conferencia Episcopal mantuvo la pasada semana una primera reunión de la Comisión Mixta Iglesia-Estado para tratar este tema. Los obispos reivindicaron a la ministra de Educación, María Jesús San Segundo, que la religión vuelva a la fórmula de la Ley de Calidad, es decir, lo que siempre han reivindicado que la religión "sea una asignatura fundamental, como las matemáticas".

El Gobierno no prevé dar marcha atrás en su propuesta pero, en cualquier caso, San Segundo, ha recordado que los detalles de esta cuestión no se sabrán hasta que se aborde el desarrollo de la LOE, una vez que ésta sea aprobada. La Ley de Calidad creó un área específica en la que integró dos materias, la Religión confesional y, como alternativa única, Hecho Religioso. En cambio, el texto de la LOE no incluye la creación de un área para estas materias.

La alternativa se regulará mediante un real decreto. Queda además pendiente la consulta del ministerio al Consejo de Estado para saber si los padres que no quieran estudiar alternativa alguna puedan hacerlo, algo a lo que se comprometió Educación.

Las páginas de Educación dejan de publicarse durante las vacaciones escolares. Se reanudarán en septiembre.