Reportaje:

Al servicio de la Generalitat

Bancaixa y la CAM son socios en proyectos impulsados por el Gobierno, como Terra Mítica

La fusión de las dos grandes cajas de ahorro valencianas, Bancaixa, asentada en Valencia y con sede social en Castellón, y la CAM, mayoritaria en Alicante, es un sueño que han acariciado todos los sucesivos presidentes de la Generalitat valenciana para apoyarse en un brazo financiero de primer orden. Eduardo Zaplana, actual portavoz del PP en el Congreso y ex presidente de la comunidad, tradujo su empeño en una ley autonómica que modificó la representación institucional en las cajas de ahorro y creó un grupo de consejeros generales en representación de la Generalitat Valenciana antes inexistentes, en detrimento de los consejeros de los ayuntamientos, los impositores y las entidades fundacionales. Como resultado, los representantes designados por las administraciones autonómica y local se convirtieron en mayoritarios por primera vez en las asambleas de ambas cajas.

El control político aflora ahora en un episodio esperpéntico: el enfrentamiento en el seno del PP ha herido de muerte a la CPE
La implicación de ambas cajas derivó en 2002 en la constitución de Cartera de Participaciones Empresariales

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El socialista Joan Lerma había implicado antes a las dos grandes cajas en una entidad diseñada como un fondo de capital riesgo (Invercova). Pero cuando llegó Zaplana embarcó a Bancaixa y a la CAM en el núcleo duro de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm que hoy atraviesa una suspensión de pagos. Las dos cajas valencianas se han visto forzadas a elevar su participación en el complejo de ocio a través de ampliaciones de capital y controlan en conjunto el 40% del capital de la sociedad, un proyecto impulsado por la Generalitat valenciana que Zaplana siempre definió como emblemático y que tras cuatro años en marcha arrastra una deuda de 218 millones de euros.

Las dos cajas valencianas se implicaron también en la construcción y gestión de un nuevo hospital comarcal en la localidad de Alzira, de la mano de Adeslas. El hospital de Alzira, financiado con dinero público pero gestionado por "la iniciativa privada", se presentó como paradigma del nuevo modelo sanitario impulsado por el Partido Popular. Torrevieja y Dènia dispondrán en breve de centros similares.

A la luz del poder

La implicación de ambas cajas, siempre en la misma proporción, en proyectos mayoritariamente alumbrados desde el poder, derivó en la constitución de Cartera de Participaciones Empresariales, una sociedad conjunta, en septiembre de 2002, apenas dos meses después de que Zaplana dejara la presidencia del Gobierno autonómico para ser ministro de Trabajo. Dos meses después, el gobierno autonómico, presidido por José Luis Olivas, adaptaba la ley de cajas a la nueva norma estatal y recortaba, ligeramente, la presencia de representantes políticos en las asambleas de las cajas. De un mayoritario 56% pasaron a tener un potente 50%.

José Luis Olivas, que había sido secretario general del PP de la Comunidad Valenciana, consejero de Economía de Zaplana entre 1995 y 1999 y vicepresidente económico del Gobierno autonómico hasta que accedió a la presidencia de la Generalitat en julio de 2002, fue elegido presidente de Bancaixa en enero del año pasado. La reducción del peso político de la asamblea de la caja resultó en el nombramiento de Olivas y la incorporación de destacados cargos socialistas al consejo de la caja valenciana, entre ellos el que fuera responsable de finanzas del partido en la Comunidad Valenciana, Josep María Cataluña.

Olivas se ha puesto el traje de financiero y finge un absoluto desapego hacia la cosa política. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana desde hace dos años, parece evitar la presión sobre las dos entidades. De hecho, consintió la suspensión de pagos de Terra Mítica tres meses después de llegar al poder, al negarse a aportar más fondos públicos o apretar a las cajas para que lo hicieran.

El control político ejercido sobre las dos grandes cajas valencianas aflora ahora en un episodio esperpéntico. El enfrentamiento en el seno del PP de la Comunidad valenciana entre dos bandos supuestamente alineados con el actual presidente, Francisco Camps, mayoritario en Valencia y Castellón, y su predecesor, Eduardo Zaplana, mayoritario en Alicante, ha herido de muerte a Cartera de Participaciones Empresariales (CPE), la sociedad conjunta que se instituyó como remedo de una fallida fusión.

La renovación del consejo de CPE está pendiente desde hace meses. La designación de los representantes de la CAM se ha convertido en campo de batalla entre valencianos y alicantinos. Si no se resuelve en los próximos días, la sociedad podría incluso disolverse. Bancaixa finge que CPE es un instrumento que puede ser útil, pero ninguna de las cajas perdería nada con su desaparición. Sólo quedaría en cuestión la Generalitat valenciana, incapaz de sostener el único punto de encuentro entre las dos grandes cajas valencianas que tanto persiguió en años pasados. El empeño político a favor de la fusión se torna, ahora, un mal sueño.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 25 de junio de 2005.

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