Sangre, dinero y poder

La sombra del ex presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari (1988-94) planea con más intensidad sobre el escenario político de su país tras la puesta en libertad del hermano mayor, Raúl. Buena parte de la opinión pública está convencida de que su liberación ha sido posible gracias a un arreglo entre el Gobierno, el poder judicial y la familia Salinas, aunque todos ellos lo niegan rotundamente.

"El 28 de febrero de 1995, el presidente de la República, Ernesto Zedillo, ordenó meterme en la cárcel para su beneficio político", escribió Raúl Salinas en el inicio del diario de su estancia en el penal de Almoloya, donde pasó cuatro años. El jueves 21 de enero de 1999, el secretario del juzgado acudió a la cárcel para leer la sentencia: "Raúl Salinas de Gortari es penalmente responsable de ser el autor intelectual del homicidio calificado de José Francisco Ruiz Massieu, por tal motivo se le imponen 50 años de prisión". Ruiz Massieu, cuñado de Raúl y secretario general del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue asesinado el 28 de septiembre de 1994.

La manera de operar de Raúl le valió el apodo de 'Míster 10%', porque era el porcentaje de comisión que percibía en cada una de las operaciones financieras

Las autoridades suizas decretaron el embargo de cuentas bancarias de Raúl Salinas ante la sospecha de que el origen del dinero es ilegal

"Sabía que a más tardar el viernes el juez tenía que dictar la sentencia. Estaba convencido de que la resolución iba a ser absolutoria. Ésta es la misma postura de todos los defensores, abogados y familiares", relata Raúl Salinas en su diario. La realidad fue muy distinta. Pasaron diez años, tres meses y trece días hasta que un tribunal que revisó el caso declaró nula, por falta de pruebas, aquella sentencia, posteriormente rebajada a 27 años y medio.

Tres bufetes de abogados de Ciudad de México se ocupan de la defensa de Raúl Salinas. Los expedientes son mastodónticos. El del juicio por homicidio ocupa 105 tomos de 1.000 hojas cada uno; el de peculado, 106 tomos, y el de enriquecimiento ilícito, 190 tomos. Este último es el único proceso pendiente que le queda a Salinas.

Lo indebido o lo ilícito

"Hasta ahora la acusación de enriquecimiento personal era un tema secundario, porque estábamos concentrados en el juicio de homicidio", señala el abogado defensor José Luis Nassar. "Le hemos recomendado mantener la reserva de nombres y montos", explica el letrado, que pone especial énfasis en diferenciar "lo indebido de lo ilícito". La raya que separa uno y otro es la cárcel, añade.

Raúl Salinas creó un fondo para inversiones futuras, donde empresarios mexicanos depositaron sumas de dinero en cuentas de Suiza. Según la acusación, el fondo en cuestión era una pantalla para lavado de dinero de origen ilícito. El hermano del ex presidente aumentó su patrimonio con fondos públicos, aunque él reitera que el patrimonio no es suyo, sino de un conjunto de socios. En el expediente aparecen, entre otros, Carlos Peralta Quintero, dueño del grupo IUSA, quien declaró haber aportado 50 millones de dólares; Ricardo Salinas Pliego (29,2 millones), que se benefició en la adquisición de TV Azteca; Roberto González Barrera (Banorte), amigo del padre de Raúl; Carlos Hank Rohn, Adrián Sada (Bancomer).

Las autoridades suizas decretaron el embargo de cuentas bancarias de Raúl Salinas que ascienden a 122 millones de dólares, ante la sospecha de que el origen del dinero es ilegal. Nassar replica que "el origen de su patrimonio no tiene que ver con nada ilegal". Quizá se enriqueció indebidamente. He aquí la delicada frontera entre lo indebido y lo ilícito.

La manera de operar de Raúl le valió el apodo de Míster 10%, que le atribuyó el Wall Street Journal, porque aquel era el porcentaje de comisión que percibía en cada una de las operaciones financieras en que intervino durante el proceso de privatizaciones del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. No tenía cargo formal, pero tenía una oficina detrás del Gobierno que manejaba los fondos reservados de la Presidencia de la República (de libre disposición), que alcanzaron los 5.000 millones de dólares en cuatro o cinco años.

La juez fijó una fianza de 32 millones de pesos (2,4 millones de euros), que fue asumida por una aseguradora. Raúl Salinas sólo desembolsó 100.000 dólares que, según sus abogados, fueron aportados por su esposa, Paulina Castañón, y sus hijos. Para salir del Distrito Federal tiene que solicitar permiso y debe presentarse ante la juez una vez a la semana.

Ante el juicio por enriquecimiento ilícito, Nassar citará a declarar a uno de los empresarios que figuran como socios de Salinas en el fondo de inversiones. "Seguiremos dedicados a probar la licitud del origen del patrimonio de Salinas", advierte el defensor, que tomó el caso a finales de 2002.

Uno de los hechos más polémicos de la investigación es el pago de medio millón de dólares a Fernando Rodríguez González, secretario particular del diputado Manuel Muñoz Rocha y principal testigo de cargo. La defensa de Salinas sostuvo siempre que este pago fue ilegal porque Rodríguez no era informante sino testigo. El dinero sirvió para que éste dijera lo que había ocultado en ocho declaraciones anteriores: que Salinas planeó el asesinato de Ruiz Massieu.

¿Qué queda de aquella trama urdida por el procurador Lozano Gracia y el fiscal Pablo Chapa Bezanilla, de las pruebas fraguadas? Ahora, los tres jueces que han revisado el caso sólo han encontrado a Raúl Salinas responsable de falsear declaraciones y documentos (un pasaporte), delito que ya ha purgado con creces al pasar más de 10 años en la cárcel.

Raúl Salinas ha dicho y escrito repetidas veces que su detención y encarcelamiento fue ordenada por el presidente Zedillo para su beneficio político. La herencia que dejó su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, fue una acentuada crisis económica, tres magnicidios impunes -el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu- y la hegemonía del PRI en declive.

Muertos o desaparecidos

Varios personajes clave del entorno político de los Salinas están muertos o desaparecidos. Es el caso de Muñoz Rocha, llamado el "eslabón perdido", acusado de complicidad con Raúl para cometer el crimen, desaparecido. Del subprocurador de la Procuradoría General de la República (PGR) Mario Ruiz Massieu, hermano de la víctima que encabezó la investigación inicial. Se suicidó en Estados Unidos en 1999 después de ser detenido y descubrirse una cuenta bancaria a su nombre de nueve millones de dólares, cuyo origen lícito no pudo demostrar. De Guillermo González Calderón, ejecutado en Tejas en febrero de 2003 después de haber realizado trabajo de espionaje para Raúl Salinas. De Ernesto Sentíes Hoyos, antiguo director de Administración de Presidencia, que manejaba la partida secreta de este departamento. Su muerte sigue siendo un misterio.

También están desaparecidos Jorge Anastasio Stergios, visitador de la PGR y hombre de confianza de Mario Ruiz Massieu; Justo Ceja, secretario particular de Carlos Salinas; el doctor Manuel Espinosa Milo, la última persona con la que estuvo Muñoz Rocha, y María Bernal, ex novia de Raúl Salinas, que aportó información sobre las cuentas en bancos extranjeros.