El Gobierno abrirá un nuevo canal privado que sólo cubrirá el 70% de la población

El Gobierno concederá, a través de un concurso público, un nuevo canal de televisión privada en tecnología analógica que cubrirá el 70% de la población española. Éste es el espacio que queda libre tras la modificación del Plan Técnico de Televisión Privada, que hoy tiene previsto debatir el Consejo de Ministros. El futuro canal se enmarca dentro de la ambiciosa reforma audiovisual diseñada por el Gobierno, destinada a impulsar el pluralismo y a ordenar el sector, que actualmente se rige por una maraña de leyes dispersas y, en la mayoría de los casos, superadas por los avances tecnológicos.

El Plan Técnico Nacional de Televisión Privada, que se modificará a través de un real decreto, abre la puerta a la concesión de un nuevo canal de televisión privada en tecnología analógica, que se sumarán a los ya existentes (Antena 3, Tele 5 y Canal +). Pero, a diferencia de estos tres, el nuevo operador no llegará al 100% de la población española. Los estudios técnicos realizados por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio indican que sólo alcanzará al 70% de la población.

La concesión de esta cuarta licencia será posible como consecuencia de la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Televisión Digital Terrestre, aprobada hace un mes por el Parlamento, que eliminaba el tope de tres canales de televisión privada.

La nueva Ley General Audiovisual viene a refundir en un solo texto la maraña normativa sobre el sector. La mayor parte de la legislación ha quedado obsoleta y superada por los avances tecnológicos. El texto liberaliza los servicios de radio y televisión, que dejan de ser un servicio público esencial, excepto para el caso de los públicos, que podrán ver restringidos los límites de publicidad respecto a las televisiones privadas.

Límites accionariales

También se sientan las bases para fomentar el pluralismo informativo y establecer mecanismos para limitar la concentración mediante determinados topes en materia accionarial. Así, un mismo operador sólo podrá participar en una televisión analógica estatal y en un canal múltiple digital (compuesto por cuatro programas diferentes), en el 50% de los canales privados de ámbito autonómico disponibles en una comunidad y en un solo canal local.

Igualmente, una misma compañía no podrá participar en más de dos concesiones de ámbito estatal, autonómico y local dentro de una demarcación. Igualmente, una empresa no podrá poseer una participación significativa (más del 5%) en más de un operador de idéntica cobertura.

Las emisoras públicas estarán obligados a abrir espacios para los grupos sociales más representativos y tanto las plataformas de televisión por satélite como por cable que distribuyan más de 20 canales tendrán que reservar una parte de su parrilla a empresas independientes.

Las competencias sancionadoras quedarán en manos del nuevo Consejo de Medios Audiovisuales. Los operadores multados por determinadas infracciones tendrán la obligación de advertir a los espectadores de las sanciones impuestas e incluso se les podrá prohibir la emisión de su programación.

En materia de programación, las comunidades autónomas podrán fijar el número de horas de programación local, especialmente en el tramo horario de máxima audiencia.

Tal y como reclamaban los grupos parlamentarios nacionalistas, especialmente ERC, los canales de televisión digital que emitan en comunidades autónomas con lengua propia deberán ofrecer al menos una cuarta parte de las películas, series y documentales en versión doblada o subtitulada en las lenguas oficiales de dicha comunidades.

Pese a que las comunidades autónomas mantendrán las competencias en materia de radio y televisión, se creará una Conferencia de Autoridades Audiovisuales, a través de la cual se establecerán los mecanismos de colaboración entre los reguladores independientes del sector.

La nueva ley deroga la Ley de Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos, aprobada en 1997 y conocida como la ley del fútbol, que obliga a difundir en abierto determinados acontecimientos deportivos. Esta normativa será sustituida por otra que garantizará la emisión gratuita de eventos de carácter deportivo, cultural o social.