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Méndez de Lugo rechaza las críticas de asociaciones de jueces

El presidente del TSJA agradece el apoyo de la Junta y de Campo, vocal del Poder Judicial

El apoyo de la Junta a la reelección de Augusto Méndez de Lugo como presidente del TSJA -muy criticado por las asociaciones de jueces- tuvo un peso importante en su designación. Así se deduce de los agradecimientos que expresó ayer a la consejera de Justicia, María José López, y al consejero del Poder Judicial Juan Carlos Campo por haber apostado por él. El presidente rechazó los reproches a su gestión que la tachaban de personalista y alejada de los jueces de base.

Acabado el proceso electoral en el que el recién reelegido presidente procuró no hacer manifestaciones sobre su candidatura "para dejar que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) estudiara las candidaturas y valorara su idoneidad", Augusto Méndez de Lugo dedicó palabras de agradecimiento al vocal Juan Carlos Campo, su principal valedor en el seno del Consejo y antiguo director general de Relaciones con la Administración de Justicia de la Junta de Andalucía. "Apostó desde un principio por mí porque me conoce; hemos trabajado juntos durante muchos años y ha transmitido su apoyo a los demás vocales del Consejo", dijo.

El presidente extendió sus reconocimientos al papel de la consejera de Justicia, María José López, que reiteró expresamente su apoyo a la candidatura de Méndez de Lugo semanas antes de su nombramiento. "La presidencia del TSJA y la Sala [de Gobierno del tribunal] han trabajado muy cercanamente con la consejería [de Justicia] consiguiendo una mejora muy sustancial de la Administración de Justicia en Andalucía", añadió.

Ambos agradecimientos reconocen implícitamente el peso específico de esos apoyos en la reelección a pesar de las críticas que Jueces para la Democracia, y el candidato de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), José Antonio Montero, expresaron al respecto. "Hay que pedir a la Junta que, como mínimo, se mantenga al margen del proceso de designación, que respete el papel que constitucionalmente corresponde a los consejeros del Poder Judicial, que deje a éstos hacer su trabajo sin intromisiones ni interferencias", manifestó la asociación minoritaria y progresista de la judicatura el pasado 15 de junio. Montero expresó su preocupación de que la estrecha relación entre Méndez de Lugo y la consejera de Justicia pudiera afectar a la independencia del TSJA.

Méndez de Lugo respondió también a los reproches de "personalismo" en la gestión y "lejanía a los jueces", señalados por Jueces para la Democracia -que apoyaba a su candidata, la magistrada jiennense Lourdes Molina- y el propio Montero. "Si ser personalista es tanto como empeñarme en llegar a la sociedad civil y a la administración autonómica y medios de comunicación; si es lanzar el TSJA en todo el territorio andaluz; si es dejar claro que su sede es Granada con respecto a las salas desplazadas [de Málaga y Sevilla]; si es acudir a todos los actos, incluso los culturales, en los que tiene que estar el TSJA, entonces he sido un presidente personalista", dijo Méndez de Lugo, que aseguró que da cuenta de todos sus actos a la Sala de Gobierno del tribunal (dominada por la conservadora y mayoritaria APM).

El presidente, con cuya reelección se rompe la norma no escrita de limitar los mandatos al frente del TSJA a diez años, hizo pública la memoria (programa) con la que acompañó su candidatura el pasado 19 de mayo. "El conjunto de iniciativas que se han abordado desde la presidencia que he desempeñado pueden beneficiarse de mi continuidad como presidente del TSJA", señalaba en ese documento.

En él, Méndez de Lugo destacaba su buena sintonía con la Junta y el plan de actuación para solucionar el atasco en las salas de lo Contencioso-Administrativo del tribunal, y prometía "la potenciación del servicio de estadística" para conocer mejor el funcionamiento de los juzgados y tribunales andaluces. Entre los retos de su tercer mandato, subrayó la reforma del Estatuto de Autonomía que podría desembocar en convertir a los TSJ en la última instancia judicial en cada Comunidad Autónoma.

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