La UCE pide incluir en el 'caso Fabra' los escritos de su mediación ante Agricultura

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana (UCE), que se personó en el llamado caso Fabra y participa en la investigación como acusación particular, ha solicitado a la titular del juzgado número 1 de Nules que reclame al Ministerio de Agricultura dos nuevos documentos, hechos públicos la semana pasada, que atestiguan que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, medió entre este departamento y el empresario Vicente Vilar y su grupo empresarial, Naranjax, dedicado a la fabricación de productos fitosanitarios.

El industrial acusó a Fabra de cobrarle cantidades millonarias por mediar ante la Administración y tratar de acelerar la concesión de autorizaciones de sus productos. Tras las acusaciones, el juzgado abrió una investigación por la posible comisión de uno o varios delitos contra la administración pública. Hace quince días salieron a la luz dos nuevos documentos que reflejan cómo uno de los temas que Carlos Fabra trató durante una visita con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, era "en relación con la empresa Naranjax". El líder del PP de Castellón había negado en su declaración ante la juez haberse interesado específicamente por unos productos fitosanitarios determinados. Ahora, la UCE ha solicitado que se incorporen los documentos a la causa judicial que se sigue en Nules.

Uno de los escritos desvela cómo el ahora ex director general de Agricultura, Rafael Milán, preparó para el ministro una documentación previa a la visita de Fabra en la que indicaba: "El presidente de la Diputación de Castellón se interesa por la situación de los expedientes de registro de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, de la localidad castellonense de Artana, particularmente por las incidencias experimentadas por uno de estos productos cuya sustancia activa se denomina abamectina".

"Tormentosas" relaciones

El otro escrito desvela que, según la documentación elaborada por el servicio competente sobre los productos fitosanitarios, existían unas "tormentosas" relaciones del grupo empresarial de Vicente Vilar con la Administración central. Para explicar el cariz de esas relaciones, en el documento se señala: "Con mucha diferencia, es la empresa que ha tratado de conseguir sus autorizaciones supliendo las deficiencias de las documentaciones exigibles mediante visitas a todas las autoridades del ministerio y otras (de este Gobierno y de los anteriores). Un ex ministro de Agricultura, que en algún momento debió de ser socio de la empresa, llamó prevaricador al subdirector general de Sanidad Vegetal cuando éste le afirmó que estaba cumpliendo una orden ministerial que él mismo había firmado".