La fiscalía pide al Supremo que impute a un senador de CiU por el 'caso Terres Cavades'

El fiscal jefe de Tarragona ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 de Tarragona que solicite al Tribunal Supremo la imputación del senador de CiU Lluís Badia por el caso de presunta corrupción urbanística de Terres Cavades, la mayor operación inmobiliaria de la ciudad. El fiscal José María Parra dejó entrever ayer que existen indicios como para que el alto tribunal "se plantee la necesidad" de que sea imputado Badia, que, como senador, goza de la condición de aforado.

El fiscal da así un paso más en la investigación del caso Terres Cavades, en la que están imputadas una docena de personas, entre ellas el ex concejal de Urbanismo de Tarragona Ángel Fernández -que dimitió a raíz del caso-, su hermano Juan, la mujer de Badia y el constructor de la ciudad José Luis García.

Badia fue presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona entre 1996 y 2004. El Consejo de Administración del puerto adjudicó en 2001 sin concurso previo a una empresa participada por José Luis García y los hermanos Fernández la construcción del centro de negocios del puerto, edificio de oficinas que hoy ocupa en régimen de alquiler la Tesorería Provincial de la Seguridad Social, por lo que paga 780.000 euros al año. En ese Consejo de Administración figuraba como representante municipal Ángel Fernández, que dimitió el pasado septiembre tras una carrera política municipal iniciada en 1989.

La dimisión de Fernández se produjo tras salir a la luz que tenía intereses económicos en Terres Cavades, un proyecto para construir 4.872 viviendas que él mismo tramitó en el Ayuntamiento y en el que sus votos fueron clave para darle luz verde. La Generalitat declaró estos trámites nulos de pleno derecho.

El senador Badia había comprado en 1993 por 360.000 euros una finca que vendió por 4,4 millones. Ex propietarios de Terres Cavades presentaron una querella al sentirse estafados y denunciaron que por fincas similares, aunque vendidas en años distintos, obtuvieron no más de 180.000 euros.Las diligencias de la fiscalía de Tarragona apuntan a una posible conexión entre la adjudicación del centro de negocios por parte de Badia y la trama de compraventa de terrenos en Terres Cavades.

Badia mostró su total disposición a colaborar con la justicia y aseguró: "Las declaraciones que se han hecho hasta ahora no dicen que yo haya cometido ningún delito". "Hay actas del nuevo Consejo de Administración [gobernado por el PSC] que aseguran que se hicieron bien las cosas", dijo el senador. "Sigo considerando el centro de negocios como una buena obra para Tarragona, ya que el edificio es una cesión y volverá a manos del puerto tras 30 años", añadió.