El conflicto de Justicia

La consejera de Justicia ha manifestado que los funcionarios pretendemos "cobrar unas retribuciones por unas funciones que no desempeñaremos hasta el año 2007". Nada más incierto:

1. Las funciones que desempeñaremos en 2007 son las mismas que estamos desempeñando actualmente. Me basta remitirme a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial: la última reforma de esta ley no estableció ninguna norma de derecho transitorio por la que la entrada en vigor de las nuevas funciones encomendadas a los funcionarios de justicia se postergase en el tiempo o se hiciese depender de la entrada en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial o del establecimiento de las relaciones de puesto de trabajo (RPT). En consecuencia, al entrar en vigor la reforma de la LOPJ de 2003 a primeros del año 2004, automáticamente pasamos a desempeñar dichas nuevas funciones.

2. Dado que se incrementaron las titulaciones exigidas a los funcionarios para los diversos Cuerpos y funciones, se pactó una subida de las retribuciones. Esa subida se negoció que se efectuaría en diversos plazos, que se han ido cumpliendo, excepto el último: en abril de 2005, con la entrada en funcionamiento de la nueva Oficina Judicial y el establecimiento de las RPT, se nos abonaría un "complemento específico", a negociar con el Ministerio de Justicia, en los territorios no transferidos, y con las distintas CC AA, en los territorios en los que las competencias en materia de justicia se hubieran transferido, y a abonar por los mismos.

Pues bien, llegado abril de 2005, sin que se tenga noticia alguna de las RPT, se pretende por la Junta repercutir a los trabajadores de Justicia en Andalucía la incompetencia de dichas Administraciones.

3. Si los funcionarios de justicia no desempeñásemos las funciones que por ley se nos encomiendan o dichas funciones se efectuasen por personas distintas, se estaría contraviniendo lo establecido en la ley, con las consecuencias tanto de nulidad de actuaciones, como penales o disciplinarias que podría conllevar.

Si la consejera tiene alguna duda sobre qué funciones se desempeñan por los trabajadores de Justicia, que se pase por cualquier órgano judicial para comprobarlo. Por su anterior labor como abogado, a los funcionarios de Granada ya nos consta que sabe sobradamente cuáles son, lo que nos hace aún más incomprensibles sus manifestaciones.- María Belén Martín Gracia. Funcionaria de Justicia. Granada.

La consejera de Justicia no se ajusta a la verdad cuando alardea de su talante negociador; sólo se ha convocado mesa de negociación cuando ha habido avisos de huelgas o paros parciales. Los sindicatos veníamos solicitando negociar desde septiembre de 2004. La consejera intoxica a la opinión pública manifestando que no tenía competencias para negociar, cuando un mes y medio después reconoce que sí tenía competencias; posteriormente señala que los sindicatos no informan a las bases; y por último culpa al PP de las protestas en Justicia. Señora Consejera: sea más seria y no engañe a los ciudadanos, que son los que están pagando su ineficacia política.

CC AA como Valencia, Cataluña o Madrid han firmado acuerdos sin necesidad de movilizaciones, y por conceptos semejantes a los que reclamamos a la Junta de Andalucía. Este nuevo equipo de la Consejería se ha cargado el consenso social que hasta la fecha había posibilitado que Andalucía fuera la Comunidad en la que se dictaba sentencia en un plazo más corto (datos del CGPJ de 2003).