El Gobierno baja la cotización a la Seguridad Social a los agricultores dañados por la sequía

El Consejo de Ministros aprobó ayer el real decreto ley de ayudas a los agricultores afectados por la sequía. El texto incluye una partida de 750 millones en créditos al 2% para aquellos agricultores que hayan perdido más del 20% de su cosecha. Además rebaja un 50% la cotización a la Seguridad Social a los agricultores entre julio de este año y febrero de 2006. Los sindicatos agrarios acogieron el decreto ley con división de opiniones: UPA y COAG lo apoyan moderadamente y ASAJA lo considera insuficiente. Para el PP las ayudas "llegan tarde y son insuficientes".

El real decreto ley intenta paliar los daños producidos por la sequía en el sector agrario, el más castigado por la falta de lluvias y las restricciones al regadío. Los agricultores y ganaderos que hayan perdido más de un 20% de su cosecha en las zonas más afectadas, o más del 30% en las demás zonas, podrán solicitar las ayudas.

El director general de la Entidad Nacional de Seguros Agrarios, Fernando Burgaz, afirmó en Sevilla que las indemnizaciones comenzarán a pagarse este mes. Agricultura no tiene todavía una estimación de los daños que ya ha causado la sequía, pero los sindicatos las cifran en más de 1.600 millones. El texto incluye las siguientes medidas:

- Cotizaciones. El decreto ley establece que los agricultores inscritos en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social o como autónomos en agricultura, ganadería, caza y silvicultura podrán pedir una rebaja del 50% en sus cuotas entre julio de 2005 y febrero de 2006. Ésta es una de las medidas que no se habían incluido como ayuda en anteriores sequías. A cambio, Agricultura ha retirado la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles que habitualmente se contemplaba en estos casos. El ministerio considera que así se ayuda más a los agricultores y menos a quien tiene parcelas pero no vive de la agricultura.

Además, las empresas afectadas por la sequía podrán pedir una moratoria de un año en sus cuotas a la Seguridad Social. Esto significa que las tendrán que pagar el año que viene aunque sin intereses.

- Préstamos. El Instituto de Crédito Oficial crea una partida de 750 millones de euros para préstamos al 2%. Los podrán solicitar las explotaciones de secano con pérdidas de más del 20% en las zonas afectadas o las de regadío que hayan recibido un 20% menos de agua. También las granjas de ganado y las explotaciones apícolas con pérdidas. Las comunidades autónomas pueden rebajar ese 2% de interés con otras ayudas.

- Tarifas. El Gobierno anunció también la exención de las tarifas y el canon que pagan los regantes de 13 comunidades de regantes del Segura, el Ebro, el Tajo y el Júcar. El Ministerio de Medio Ambiente calcula que las exenciones suman 51,7 millones de euros. El decreto ley incluye también cinco millones para la construcción de abrevaderos para el ganado y ayudas para las heladas del invierno.

- División en los sindicatos. Los sindicatos agrarios no coincidieron en su valoración. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) se mostró decepcionada por el decreto ley. Su presidente, Pedro Barato, aseguró que el texto no soluciona nada y criticó que el Gobierno no haya pedido el fondo de solidaridad de la UE. El portavoz de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos (COAG), Javier Sánchez, consideró que el texto es un buen punto de partida al dar prioridad a los agricultores que viven en exclusiva del campo. La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) valoró en un comunicado el decreto ley y pidió a las comunidades autónomas que complementen las ayudas.

El portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, José Madero, afirmó que las medidas "llegan tarde y son insuficientes" y recordó que su partido pide ayudas "desde hace meses".