Jueces de Granada denuncian a funcionarios ante el TSJA por impedir juicios "por la fuerza"
Los sindicatos califican los incidentes como aislados y llaman a la protesta pacífica
Dos jueces de la capital granadina han remitido sendos informes al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para denunciar a los funcionarios en huelga que "por la fuerza" suspendieron juicios el día anterior. El titular del Juzgado de Instrucción número 6, Miguel Ángel del Arco, especificó que se había producido "la apertura violenta a patadas de la puerta de la sala de audiencias de forma reiterada", hecho que el sindicato SPJ-USO negó. En todo caso, las centrales califican los incidentes como casos aislados, y llaman a la protesta sin violencia.
"Hasta el día 16 de junio no había presenciado un espectáculo más lamentable y bochornoso que denigra a sus protagonistas", asevera Del Arco. El magistrado explicó que un juicio por homicidio imprudente con más de 20 personas desplazadas desde Córdoba fue "interrumpido por una especie de pasacalles carnavalesco (...) arropado de insultos, voces e insolidarias apelaciones a la solidaridad", vista que según él se suspendió tras la apertura de la puerta a patadas. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 también denunció incidentes similares en un escrito al presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo.
El coordinador en Andalucía de SPJ-USO, Jesús Postigo, negó que el jueves se produjera dicho incidente, aunque reconoció tensiones entre manifestantes y algunos jueces. En cualquier caso, hizo un llamamiento a que no se produzcan actos violentos, ya que "lo único que hacen es descalificar al colectivo". Según el coordinador de Justicia de UGT, Rafael Guerrero, los sindicatos recomiendan la "protesta ruidosa, pero en ningún caso la violencia".
En la segunda jornada de paros parciales de tres horas convocados hasta el próximo día 30, para reivindicar la equiparación salarial y de condiciones con los demás funcionarios de la Junta, el seguimiento superó el 80% -cerca del 90% en ciudades como Málaga, Sevilla y Granada- y obligo a la suspensión de numerosos juicios, según los sindicatos. La Consejería de Justicia no quiso ofrecer cifras.
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