Cruzar la línea roja

No, no es mi propósito convertir esta tribuna semanal en un glosario fijo de las manifestaciones convocadas o inspiradas por el Partido Popular el sábado anterior. Pero la actualidad manda, y, tras haberse arrogado en las calles de Madrid la representación y defensa de las víctimas del terrorismo, la derecha española se citó el otro día en Salamanca para, disfrazada de archivera, documentalista e historiadora, clamar por la supuesta unidad de un supuesto patrimonio cultural castellano-leonés amenazado por la supuesta rapacidad catalana. El asunto me resulta demasiado familiar -desde hace tres décadas- para dejarlo pasar en silencio.

Sobre el aparente fondo de la cuestión -esto es, sobre sus aspectos científicos- me limitaré a recordar algunas evidencias que, en 2005, ningún observador de buena fe puede desconocer. No existe la pretendida "unidad del archivo" porque lo que hay en Salamanca no es el legado documental de una institución -nada que ver, por ejemplo, con el Archivo de Indias, o el General Militar de Segovia, o el del Ministerio de Asuntos Exteriores-, ni siquiera de un organismo represivo franquista -ojalá estuviesen allí todos los papeles del Tribunal de Orden Público, o de la Brigada Político-Social...-, sino el simple acopio de millones de documentos arrancados manu militari de sus archivos originarios (el de la Generalitat, el de la UGT o el de Antoni Rovira i Virgili...) durante el primer semestre de 1939, en el fragor de una victoria fratricida. Lejos de romper unidad archivística alguna, la devolución acordada por el Gobierno central restaura en lo posible la coherencia de los fondos documentales de la Generalitat, de partidos, sindicatos y ciudadanos catalanes, aquella coherencia que los expoliadores uniformados de 1939 quebraron sin escrúpulos ni criterio.

Por otra parte, es radicalmente falso que el PP haya rechazado siempre cualquier restitución documental desde Salamanca a Cataluña. Si así fuere, ¿que sentido tendría el acuerdo de junio de 2000, entre la ministra Pilar del Castillo y el entonces consejero Jordi Vilajoana, para crear una comisión paritaria de expertos que dictaminase sobre el eventual retorno de la documentación a Cataluña? Si no había nada que devolver, ¿cuál era el objeto del dictamen? ¿Qué estuvimos haciendo entre febrero de 2001 y julio de 2002 los cuatro miembros de la citada comisión de expertos? ¿Una pantomima?

Pero hay más, mucho más. En marzo de 1980, Manuel Fraga Iribarne -Fraga, sí, a la sazón portavoz del grupo parlamentario de Coalición Democrática y hoy presidente-fundador del PP- presentaba en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley recordando la existencia en Salamanca de fondos documentales catalanes "secuestrados (sic) durante la Guerra Civil", urgiendo al Gobierno de Adolfo Suárez la catalogación de los mismos e instándole a que, después, "se traspasen en su total integridad a la Generalitat de Cataluña aquellos documentos que (...) constituyeron, en su día, los archivos de la misma" (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 16 de abril de 1980, número 340-I, páginas 821-822). Siendo las convicciones patrióticas de don Manuel acrisoladas y berroqueñas, es obvio que, por aquel entonces, el archivo de Salamanca y su unidad no se habían convertido aún en lo que son desde 1995 acá: símbolo y metáfora de la España cuarteada por los zarpazos del separatismo.

Porque de esto se trataba el sábado: de denunciar que "el interés coyuntural del Gobierno lo convierte en prisionero de unos acuerdos inaceptables con ERC" (Abc), que "ERC y Maragall se han aprovechado de la debilidad de Zapatero" (El Mundo) ¿Cuántos, entre los miles de manifestantes del 11 de junio en la ciudad helmántica, conocen el Archivo de San Ambrosio por dentro y tienen idea de su contenido? No, desde luego, el señor Alfonso Ussía; de otro modo, no hubiese hecho el ridículo hablando en su manifiesto de un "Archivo que guarda celosamente los documentos de la Guerra Civil"... El vate más cursi de la caverna expresaba mejor sus motivaciones cuando advirtió que "manda en España un partido que quiere desgajar España", o cuando aseveró a los periodistas: "Hay que acabar con los nacionalismos". ¿Y qué decir de los portadores o voceadores de consignas como "España y Archivo = Unidad", "Zapatero, cabrón, no te quieren ni en León", "Carod, cabronazo, baja tú a por los legajos", "Catalanes, ladrones y manipuladores = Castilla y León expoliada"? ¿Qué causa cultural o política puede ser defendida sobre la base de demonizar a "los chantajistas de Cataluña", de tildar a Maragall y sus consejeros de "mamarrachos", de editar folletos con un "se busca" sobre las fotos de Carod, Caldera, Zapatero y Carmen Calvo, de escribir "Rovira al paredón", o bien "ETA y Rovira exigen, Zapatero obedece..."? ¿Es el PP consciente de estar cruzando la línea roja que separa la protesta democrática de la agit-prop totalitaria y guerracivilista?

Según es público y notorio, un selecto grupo de personalidades catalanas ha constituido recientemente una plataforma protopartidista desde la que se propone combatir el asfixiante clima nacionalista que -a su juicio- se respira en Cataluña, y oponerse a la "pedagogía del odio contra lo español" que -aseguran- se difunde desde ciertos medios de comunicación catalanes. ¿Nacionalismo asfixiante? ¿Pedagogía del odio? Tal vez una excursión del grupo a Salamanca durante el pasado fin de semana, o unas horas a la escucha de la COPE cualquier día, les darían material para ponderar mejor tan inquietantes fenómenos.

es historiador.

Joan B. Culla i Clarà