El TSJA rebaja los servicios mínimos fijados por la Junta para la huelga de Justicia
Los sindicatos estiman que más de 5.000 funcionarios secundaron la primera jornada de paro
![Cecilia Jan](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F373de4fe-9007-411a-acdb-4536c5947a78.png?auth=eab0c9722a62c0e6c35d57943d447b2b0279510d0a46b9d5f6298233be4957fa&width=100&height=100&smart=true)
Más de 5.000 funcionarios de Justicia andaluces secundaron ayer, según los sindicatos, el primero de los paros parciales convocados hasta el próximo día 30, en una jornada sin servicios mínimos debido a la suspensión parcial, por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de la resolución de la Junta que los fijaba. El auto rebaja considerablemente los servicios mínimos decretados por la Viceconsejería de Justicia y Administración Pública, al considerarlos en algunos casos "desproporcionados" o "excesivos", pero los aumenta respecto de los establecidos en anteriores conflictos.
El TSJA ha adoptado una decisión salomónica, que no acaba de contentar a ninguna de las partes en un conflicto que dura ya tres meses, y en el que los funcionarios piden la equiparación salarial y de condiciones con los demás trabajadores de la Junta. El alto tribunal ha establecido unos nuevos servicios mínimos en un auto de 11 páginas. En general, fija que en cada órgano judicial habrá de permanecer un funcionario de cualquiera de los tres cuerpos existentes (auxilio, tramitación y gestión), a menos que tenga previsto la celebración de juicio, en cuyo caso, se añadiría un trabajador del cuerpo de auxilio.
El auto considera que los servicios mínimos de la anterior huelga, un funcionario de auxilio por cada tres juzgados con vista oral, son "insuficientes", aunque fueron consensuados entre la Junta y los sindicatos. Pero también califica como "excesiva por desproporcionada" la pretensión de la Viceconsejería de que haya un trabajador de cada cuerpo en cada órgano judicial. En este caso, señala, "impondría en gran número de juzgados unos servicios mínimos que superarían el 30% de la plantilla, obstaculizando el ejercicio del derecho a la huelga".
Sin embargo, en una decisión muy criticada por los sindicatos, el tribunal ha corroborado la inclusión por la Junta, dentro de los servicios considerados esenciales, de todas las "comparecencias y vistas ante Juzgados y Tribunales". Este punto se fundamenta en que "se trata de actuaciones señaladas para su celebración con anterioridad, estando convocadas ya todas las partes intervinientes", y "su exclusión como servicio esencial supondría la causación de graves perjuicios a los ciudadanos y profesionales".
De hecho, CSI-CSIF, el sindicato que interpuso el recurso contencioso-administrativo y pidió la suspensión como medida cautelar de los servicios mínimos de la Junta, decidirá hoy si recurre esta decisión, por considerar que "no todo juicio o comparecencia es esencial". "No tiene sentido que se suspendan juicios por causas menores, como que los jueces tengan un cursillo, y no por una huelga", opina Rosendo Martínez, coordinador de la sección de Justicia en Andalucía de dicha central.
Paradójicamente, en la huelga de ayer no existieron servicios mínimos, debido a que la resolución del TSJA, no se produjo hasta la mañana, cuando los paros parciales, de 10.00 a 13.00, estaban a punto de comenzar, por lo que era imposible que la Administración notificase de forma previa qué funcionarios debían cumplirlos. Dicho vacío contribuyó al alto seguimiento de la huelga, que los sindicatos convocantes cifran entre el 80% y el 90% de media, es decir, más de cinco mil de los 6.632 trabajadores de Justicia. La Junta no disponía de datos ayer, porque los funcionarios que normalmente los recaban tuvieron que trabajar en la elaboración de los servicios mínimos acordes con el auto judicial, según un portavoz de la Consejería.
El seguimiento fue masivo en ciudades como Sevilla, Málaga o Almería, donde se suspendieron muchos de los juicios. En la capital andaluza, hubo algunos incidentes, como el registrado en el juzgado de juicios rápidos de Sevilla. Según Efe, la juez titular se atrincheró en su sala de vistas durante las tres horas del paro ya que el local fue rodeado por un centenar de manifestantes con bocinas y pitos que impidieron la celebración de juicios. También se sellaron con silicona las puertas de algunas salas de vistas.
El propio juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, dijo, según Europa Press, que "la huelga está siendo un éxito desde el punto de vista sindical", y reiteró que se está produciendo "un grave perjuicio" al servicio público de Justicia, que se está viendo "gravemente resentido". La asociación Jueces para la Democracia expresó su apoyo a las reivindicaciones de los funcionarios de Justicia y reclamó diálogo frente a la crispación reinante, pero también criticó la violencia de algunos manifestantes.
![Funcionarios de Justicia, durante la protesta de ayer en los Juzgados de Málaga.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/WJE4Q5DQZEPL2SVAYWNYI4Z7CY.jpg?auth=d7b264a975deb0cf2818a570935632f0f1ac1e6cc06be80215ce226a59436d0e&width=414)
La marea naranja
Los funcionarios de Justicia han tomado el naranja como el color de la movilización. En Málaga ya no choca encontrarse a cientos de manifestantes en el centro, enfundados en camisetas de este color con la foto de la consejera, María José López.
Si el naranja es el color, las pitadas son la banda sonora. Un ruido que persigue a López en cualquier acto oficial de los últimos meses, y que se mete en los oídos de los que permanecen en el palacio de justicia de Miramar, en la capital malagueña, durante las horas de huelga.
Los trabajadores malagueños tratan de impedir la celebración de juicios colapsando la puerta de acceso al palacio, pasando una y otra vez por el control de seguridad durante entre las 10.00 y la 13.00, aunque la presencia de policías antidisturbios limita sus acciones.
Otra medida que tratan de fomentar es una especie de huelga de celo, exigiendo la presencia de jueces y/o secretarios en algunos actos en los que deberían estar por ley, pero que con frecuencia realizan los funcionarios, como actos de conciliación o comparecencias de peritos o testigos.
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