El PSC insta a ERC a cumplir el pacto del Tinell sobre las oficinas de Bienestar Social
Los socialistas presentarán hoy en el Parlament su primera interpelación al Gobierno catalán en esta legislatura para instar al Departamento de Bienestar y Familia a que traspase a los ayuntamientos las 71 oficinas que tiene repartidas por todo el territorio. El objetivo de esta iniciativa, según fuentes del PSC, es dar "un primer toque de atención" a sus socios de Esquerra Republicana, que dirigen este departamento, para que cumplan lo acordado en el pacto del Tinell y empiecen el proceso de traspaso de competencias autonómicas a los entes locales.
Un informe del Departamento de Bienestar y Familia, que dirige la republicana Anna Simó, constata que sus oficinas "no pueden ser traspasadas al mundo local debido a que son el registro de la Generalitat y la puerta de entrada de la ciudadanía a los servicios que ofrece este departamento". Un sustancial cambio de opinión, pues los partidos que ahora configuran el tripartito, cuando estaban en la oposición, acusaban al Gobierno de Convergència i Unió de usar estas oficinas como vía de penetración en los barrios con mayoría de voto de izquierda. Fuentes de Bienestar informaron ayer de que su intención es traspasar estas oficinas cuando se apruebe la ley de Servicios Sociales, en fase de redacción.
El alcalde de Reus y diputado por Tarragona, Lluís Miquel Pérez, aseguró ayer que esta interpelación "no trata de poner en apuros ni de criticar a nadie, sino de clarificar competencias entre la Generalitat y los municipios". De hecho, diferentes líderes municipales del PSC expresaron, en la última convención municipal del partido, celebrada en mayo, su malestar porque aún no se han iniciado estos traspasos. Algunos municipios gobernados por los socialistas, como Mataró o Reus, ya han presentado propuestas a Simó para que acelere el traspaso, sin obtener una respuesta concreta.
El encargado de responder a la interpelación socialista será el consejero de Gobernación, Joan Carretero, responsable en materia de Administración local, y no la consejera competente, Anna Simó.
