Sólo se salvan tres puntos de la Constitución

Las sombras superan a las luces a unas horas de que mañana comience la crucial cumbre europea para superar la grave crisis que atraviesa la Unión Europea. Los líderes llegan a Bruselas con escasas esperanzas de cerrar el acuerdo presupuestario para el periodo 2007-2013 y con el convencimiento de que no darán una salida definitiva al callejón en el que se encuentra la Constitución europea. Un estudio de la Comisión en el que han participado sus servicios jurídicos concluye que, a corto plazo, únicamente podrían aplicarse tres puntos de la Constitución: los referentes a la transparencia en las deliberaciones del Consejo, la iniciativa popular y el derecho de los Parlamentos nacionales a frenar proyectos legales del Ejecutivo comunitario.

El estudio de la Comisión ha sido elaborado para su presidente, José Manuel Durão Barroso, como parte de la preparación de la cumbre y ante la seguridad de que el nuevo tratado ni podrá aplicarse nunca tal cual ni la UE tendrá una alternativa al mismo hasta transcurridos dos o tres años como mínimo. En ese ínterin, señalan los servicios del Ejecutivo comunitario, sólo podrían aplicarse tres áreas de la Constitución sin necesidad de cambiar el Tratado de Niza, vigente en la actualidad, o de someterlas a la ratificación de los Veinticinco.

La primera es la relativa a la iniciativa popular, según la cual "un grupo de al menos un millón de ciudadanos de la Unión podrá tomar la iniciativa de invitar a la Comisión a que presente una propuesta adecuada" sobre una iniciativa legal concreta. La segunda se refiere a la vía abierta para que un proyecto legislativo de la UE quede frenado si un tercio de los Parlamentos nacionales lo objeta. La tercera área rescatable se refiere a la obligación de que el Consejo de la UE "se reunirá en público cuando delibere y vote sobre un proyecto o acto legislativo". Personas que han conocido el informe destacan que se trata de iniciativas para que la vida de la Unión sea más democrática, algo que se ha reclamado en todos los países en las campañas para ratificar el nuevo tratado.

Al margen del debate sobre qué partes salvar en los próximos meses, Nicolas Smidt, número dos de Exteriores de Luxemburgo, el país que preside la UE, dijo ayer en el Parlamento Europeo que es necesario ralentizar el proceso de ratificación para evitar que el no registrado en Francia y Holanda se contagie a otros países con referendos pendientes. "Hay un fenómeno de una especie de contagio del no que se va extendiendo. Si el proceso continúa como si nada, se sabe cuál será el resultado probable. Hay que ser prudente".

El efecto "contagio" del que habla Smidt está haciendo ya estragos por toda Europa. Las encuestas que se han realizado en distintos países después del no franco-holandés arrojan un claro ascenso de las opiniones de rechazo al nuevo tratado (ver recuadro).

Smidt se sumó así a la tesis de la "prórroga" de ese proceso de ratificación, que ya fue acordada hace 10 días por el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el presidente francés, Jacques Chirac, en su último encuentro en Berlín. Es la tesis que también ha adoptado el Gobierno español, muy significativo en este caso por tratarse del único país que ha ratificado el texto tras un referéndum con resultado afirmativo.

El plazo para ratificar el texto concluía en octubre del año que viene, puesto que su entrada en vigor estaba prevista para el 1 de noviembre de 2006. Sin embargo, la propia Constitución abre la puerta a la prórroga al precisar que entrará en vigor en esa fecha "siempre que se hayan depositado todos los instrumentos de ratificación o, en su defecto, el primer día del segundo mes siguiente al depósito del instrumento de ratificación del último Estado signatario que cumpla dicha formalidad".

Dudas crecientes

Tal y como está la situación, alguno quizá no lo haga nunca. El Reino Unido ya ha dejado en el aire su anunciado referéndum y Dinamarca se dispone a hacer lo mismo con su consulta, convocada para el 27 de septiembre. Incluso Luxemburgo, que celebrará el suyo el 10 de julio, alberga dudas y está pendiente del resultado de la cumbre. La República Checa, Irlanda y Polonia tampoco han tomado una decisión definitiva.

Ante este panorama, ya hay una mayoría de países a favor de que los líderes digan expresamente que cada Gobierno es libre para decidir si quiere continuar con la ratificación o darse un respiro. La presidencia de la UE y la Comisión sostienen esa tesis, opuesta al mensaje conjunto que enviaron tras el no francés, cuando se limitaron a decir que "el proceso de ratificación debe continuar".

Por tanto, los líderes no zanjarán ahora la crisis porque no adoptarán una línea concreta a seguir. Como insisten estos días las fuentes de las tres instituciones de la Unión, "se limitarán a ganar tiempo", dándose de plazo hasta finales de año o comienzos del siguiente para encontrar un arreglo más concluyente al embrollo tras un periodo de reflexión. "Ahora hay que reflexionar y discutir. Las decisiones se tomarán más tarde", afirmó ayer en Bruselas el anterior presidente de la Comisión, Romano Prodi, tras hablar con Barroso.

"No podemos dar la señal de que el proceso se interrumpe, sino de que quizás se prorroga, se ralentiza", señaló ayer Smidt en la Eurocámara. "Tengamos paciencia; la opinión pública quiere un debate; entremos en el debate".

Mientras, en el frente presupuestario se espera para hoy la última propuesta de la presidencia de la Unión una vez que el primer ministro luxemburgués, Jean-Claude Juncker, mantuvo ayer la última entrevista bilateral, la del aislado primer ministro británico, Tony Blair, que sólo aceptará rebajar su cheque británico si se reducen las ayudas agrícolas que tanto benefician a Francia, Alemania, España e Italia. El pavor a que la cumbre acabe siendo un fiasco es ya la última esperanza de que los Veinticinco logren al menos un acuerdo sobre el presupuesto. Todo un síntoma del pésimo ambiente reinante.