Una sentencia absuelve al alcalde de San Lorenzo de prevaricación, pero condena al arquitecto municipal

La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto de un delito de prevaricación al alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo (PP), acusado de conceder en enero de 1998 una licencia de obras para 18 viviendas en un terreno de la calle de Santa Rosa, número 15, en el que las normas urbanísticas sólo permitían levantar ocho o nueve, según un auto del Juzgado de Instrucción número 1 de San Lorenzo. Sin embargo, la Audiencia condena a un año de prisión y ocho de inhabilitación al que fuera arquitecto municipal, Francisco Navarro, por haber emitido un informe favorable a la concesión de la licencia para las 18 viviendas. La defensa de este procesado recurrirá la resolución judicial.

Según informó ayer el Ayuntamiento de la localidad, la sentencia de la Sección Sexta de la Audiencia madrileña, notificada ayer, también absuelve a todos los miembros de la corporación municipal de San Lorenzo, a los promotores de Eseges, SL, y a la inmobiliaria El Molinar.

Además, el fallo absuelve a todos los imputados de la petición de indemnizar a la única pareja compradora de pisos que no quiso aceptar la devolución del precio de compra que le ofreció Eseges, SL.

Las mismas fuentes señalaron que la resolución jurídica "descarta que el alcalde y los concejales acusados tuviesen conocimiento previo a la concesión de la licencia de obras discutida, de que existiese algún problema con la densidad de viviendas".

La querella del fiscal indicaba que las casas empezaron a levantarse en 1997 en un solar de 2.400 metros cuadrados situado en la citada calle de Santa Rosa y propiedad de Rosa Andradas. Esta mujer acudió a la fiscalía para denunciar que el gobierno municipal de San Lorenzo le había engañado. Relató que, en abril de 1997, el arquitecto municipal le comunicó que en su parcela sólo se podían construir ocho viviendas. Ella hizo esa consulta porque quería vender parte de su finca y conocer su situación urbanística con vistas a fijar el precio. Tras vender el solar a una inmobiliaria "ajena al municipio", descubrió que la comisión de gobierno había obviado las normas urbanísticas y autorizado a la constructora, Eseges, SL, a levantar 18 casas y garajes.