Tribuna:SANIDAD
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El derecho a la píldora poscoital

Los autores del texto critican lo que ellos denominan "marcha atrás" del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón de limitar la dispensación de este producto a menores de 16 años en los centros de salud municipales

Alberto Ruiz-Gallardón ha dado nuevamente marcha atrás, cediendo a las presiones de los grupos más conservadores, al prohibir a los profesionales de la salud dispensar a menores de 16 años la píldora poscoital sin el consentimiento de sus padres o tutores.

La educación para la salud es uno de los derechos básicos de la persona y una herramienta fundamental para concienciar a la población sobre la importancia de la prevención, evitando comportamientos nocivos y previniendo conductas de riesgo. Un apartado importante dentro de la educación para la salud lo ocupa la educación sexual. La educación para la salud en general y la educación sexual en particular entra dentro de las responsabilidades que tiene el Instituto Madrid Salud en nuestra ciudad, responsabilidades totalmente olvidadas, pues el gobierno de Ruiz-Gallardón no ha abordado estas cuestiones tan importantes. El Grupo Municipal Socialista ha solicitado con insistencia campañas informativas en materia de salud destinadas a jóvenes y mayores, obteniendo siempre una respuesta negativa, mientras que los propios chirimbolos y marquesinas del Ayuntamiento de Madrid son utilizados en muchas ocasiones para hacer publicidad de productos perjudiciales para la salud, en lugar de para realizar campañas destinadas a mejorar la calidad de vida de los madrileños.

Según la Organización Mundial de la Salud, esta pastilla carece de efectos secundarios
La sexualidad incluye tres aspectos: educación, información y acceso a los servicios

Las familias juegan un papel fundamental en la educación sexual de sus hijos y entra dentro de su responsabilidad "acompañarles" en su proceso de desarrollo y madurez sexual. Pero la educación sexual no es sólo una responsabilidad familiar, es también una responsabilidad social que compete a la Administración central, autonómica y, de manera muy especial, a la local. El aborto y las enfermedades de transmisión sexual (ETS) están aumentando en nuestra Comunidad, sobre todo en los tramos de edad que corresponden a la población más joven, y es una irresponsabilidad no tomar las medidas necesarias para evitar estos dos graves problemas.

La Organización Mundial de la Salud propone en sus Estrategias en salud sexual y reproductiva (2001) informar y educar a los niños y jóvenes en todos los aspectos relacionados con la sexualidad y la reproducción, asegurarles el fácil acceso a servicios sanitarios, y reducir el embarazo no deseado, el aborto y las enfermedades de transmisión sexual entre la población joven, proponiendo para ello alcanzar una tasa de uso de anticonceptivos del 90%. Hay que tener en cuenta que los efectos secundarios de la píldora poscoital son, según la mayoría de los expertos en la materia, incluida la Organización Mundial de la Salud, inexistentes, mientras que el embarazo no deseado, sobre todo en menores, o el aborto sí pueden tener consecuencias físicas y psíquicas para la mujer.

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Los profesionales de la salud que trabajan en los servicios de salud relacionados con jóvenes y sexualidad están desempeñando con su labor un papel fundamental en la prevención de embarazos no deseados y de enfermedades de transmisión sexual, y en la mejora de la educación sexual de los jóvenes que acceden a sus consultas, y este trabajo integral se realiza también con los adolescentes y jóvenes a los que se les prescribe la píldora poscoital. Ésta no es abortiva, su efecto es impedir la anidación del cigoto y en un porcentaje del 20% aproximadamente impide la fecundación, siendo por tanto una píldora anticonceptiva. No es deseable que una joven de 15 años que haya tenido una relación sexual de riesgo deje de ir a solicitar la píldora poscoital por miedo a que se enteren sus padres y que esto pueda desembocar en un embarazo no deseado. La Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente establece que el menor tiene derecho a otorgar su consentimiento y la Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor establece que a partir de los 14 años la persona tiene responsabilidad civil y penal y, por tanto, derecho al consentimiento. Entonces, ¿por qué no confiar en el criterio de los profesionales de la salud y dejar en sus manos la valoración del riesgo?

Nos preocupa que la medida adoptada por Ruiz-Gallardón repercuta en el buen hacer de la medicina preventiva y que las adolescentes que acuden a los centros municipales de salud dejen de hacerlo por miedo y que la consecuencia de esto sea un embarazo no deseado o una interrupción voluntaria del mismo.

Y puestos a conocer y consentir, nos preguntamos: ¿por qué avisar sólo a los padres de la joven?, ¿por qué no a los padres del joven?, ¿es que acaso ellos no son también responsables de sus comportamientos sexuales?, ¿es que los padres y las madres de ellos no tienen que saber qué está pasando con la sexualidad de sus hijos varones?

Pero queremos ir más allá de nuestra preocupación por las repercusiones que para nuestros adolescentes y jóvenes pueda tener la medida dictada por Ruiz-Gallardón. Para nosotros la sexualidad es un tema integral que incluye tres elementos fundamentales: educación, información y acceso a los servicios. Reclamamos al Ayuntamiento de Madrid que asuma su responsabilidad en materia de prevención y promoción de la salud potenciando la atención a jóvenes y adolescentes en materia de sexualidad, desarrollando programas de prevención y de atención específica para ellos, y destinando los recursos económicos adecuados.

Pedro Zerolo es concejal de Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid y Carmen Sánchez Carazo es concejal de Salud y Discapacidad, ambos del Grupo Municipal Socialista.

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