Las Simcav: ¿Un privilegio al margen del fisco?

En los últimos días ha trascendido en los medios de comunicación las actuaciones de la inspección de los tributos de la Agencia Tributaria (AEAT) con relación a las denominadas Simcav (Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable). Ante la preocupación del sector, el Ministerio de Economía y Hacienda (MEH) ha decido intervenir proponiendo una modificación de la actual legislación para que sólo sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la competente para decidir si éstas cumplen o no con los requisitos legales. Su tributación, recordémoslo, es del 1% en lugar del 35%.

El problema de fondo no es otro que, para la AEAT, la mayoría de los accionistas de las Simcav inspeccionadas no son inversores reales y que, por tanto, éstas no tienen derecho a tributar al 1%, exigiéndoles, en consecuencia, el diferencial del 34%. Por su parte, tanto el sector como algunos profesionales piensan que es la CNMV, y no la AEAT, la competente para comprobar su condición como Simcav. Vaya por delante mi plena confianza en la CNMV y en la AEAT. Los comentarios que siguen no han de entenderse tampoco como una crítica a que se utilice este tipo de sociedades como instrumento de inversión. Dicho esto, hay que aclarar, ante todo, que lo que caracteriza cualquier sociedad es la voluntad de sus socios de "poner en común" bienes y/o dinero con el "ánimo" de obtener una ganancia repartible. Es, pues, obvio que si las Simcav son sociedades que tienen por objeto exclusivo la inversión "colectiva" de lo aportado por sus socios, la tributación al 1% sólo corresponde a aquellas sociedades que respondan a ese perfil en concreto. Si se prueba, pues, que un número significativo de sus socios tienen tan sólo un carácter instrumental, o que no se cumplen realmente otros requisitos, no estamos ante verdaderas Simcav, sino ante sociedades de inversión que han de tributar al 35%.

A diferencia de la opinión del sector, que respeto, pero no comparto, es a la AEAT a quien le corresponde investigar si se está o no aplicando correctamente este particular régimen tributario. ¿A quién si no? La CNMV podrá, sin duda, verificar si las Simcav cumplen o no los requisitos formales que la ley exige, entre otros, el número mínimo de accionistas, pero no creo que su competencia sea, ni pueda ser, la de averiguar si todos éstos son o no verdaderos inversores. No acabo, pues, de comprender por qué ha de ser la CNMV, y no la AEAT, la que verifique en el futuro si a efectos fiscales existe o no alguna anomalía, entre ellas, la naturaleza de los inversores, cuestión, por su parte, determinante para conseguir su beneficiosa tributación. Y si la ley no está clara, la obligación del Gobierno es la de modificarla para que no disfruten de ese régimen especial quienes no deben. Y si de lo que se trata, como también se ha dicho, es que una parte del capital buscará ahora su refugio en otros lugares, lo que hay que hacer es modificar la normativa para evitar que éstos se utilicen indebidamente.

¿A qué o a quién beneficia esta decisión? La intervención del MEH sólo puede entenderse como una grave injerencia en las tareas propias de la AEAT y/o en el deseo de apartarla de lo que creo son sus competencias. Si la Agencia Tributaria abusa o se extralimita en sus funciones, que se diga abiertamente o que se replanteen sus competencias.

No puedo, en fin, más que manifestar mi profunda decepción con la decisión del Gobierno. ¿Por qué lo ha hecho? Lo desconozco. Lo que sí sé es que, respetando la decisión que en su día adopten los tribunales, me siento defraudado como contribuyente y ciudadano. Y empiezo a pensar que lo de "Hacienda somos todos" es tan sólo un tópico.

Decisiones como ésta no sólo ponen en duda la credibilidad de la AEAT, sino que producen un absoluto desengaño en quienes cumplen con sus obligaciones tributarias. Nos gustaría, eso sí, que el MEH interviniera en verdaderas y manifiestas injusticias de la propia AEAT y ante las que se hace oídos sordos en aras a su proclamada "no injerencia". Lamentable.

Antonio Durán-Sindreu Buxadé es asesor fiscal y profesor de la Universidad Pompeu Fabra (UPF).