El PP pide dimisiones por la detención "ilegal" de dos de sus militantes

El PP pidió ayer al Gobierno que asuma responsabilidades políticas una vez que el juez que investiga el arresto de dos militantes de este partido ha dictado un auto en el que dice, según el PP, que no hay dato alguno para atribuir a ambos la supuesta agresión al ministro de Defensa, José Bono, en la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo celebrada en Madrid el 22 de enero. Según el PP, el auto señala que pudo existir una "detención ilegal".

El secretario general del PP, Ángel Acebes, sostuvo, en una rueda de prensa, que la resolución del juez de instrucción número 14 de Madrid pone de manifiesto que "no se produjo agresión al ministro Bono por parte de los detenidos [los militantes del PP Isidoro Barrios y María Antonia de la Cruz], que fueron detenidos sin ningún tipo de pruebas y que la documentación en sede policial fue manipulada".

Bono reiteró ayer que fue agredido: "No conozco a los militantes del PP llamados a declarar, ni pedí a la policía que actuara en ningún sentido después de las agresiones e insultos y tampoco he denunciado a nadie como autor de esos hechos. Sólo digo que fui agredido e insultado y que lamento que alguien niegue lo que vio toda España en la tele y en las fotos de los periódicos".

El líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó desde Galicia la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Constantino Méndez, que "no debería" seguir en el cargo. A su juicio, la responsabilidad "debería atribuirse a quienes están al frente de las responsabilidades, a los políticos y no a los responsables policiales a los que se les ordenó que hicieran las detenciones".

El portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, aseguró que el juez "ve indicios de delito en la actuación policial y señala que pudo existir detención ilegal" de los dos militantes y "falsedad en documento público", ya que "se rehízo el atestado para eliminar de él las objeciones que puso uno de los policías a detener a los dos militantes, ante la falta de pruebas". El comisario jefe de la Brigada de Información de Madrid, un jefe de sección y un agente han sido imputados por detención ilegal y falsedad en documento público, según informaron ayer varios medios.

Acebes exigió la dimisión de quien dio la orden de cometer "este atentado contra un derecho fundamental", el de manifestación, sea Méndez, el titular de Interior, José Antonio Alonso, u otro cargo del ministerio. Además, acusó al ministro Alonso de "mentir" en sede parlamentaria sobre este suceso. El ministro defendió el pasado mayo en el Congreso que todo fue legal y que la policía creyó "profesionalmente" que había "motivos racionales" para tomar declaración a los dos militantes.

El PP también reclama el cese del director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Alberto Saiz, por haber sugerido que el 11-M podía haberse evitado si el Gobierno de Aznar se hubiera tomado más en serio los avisos sobre el riesgo de un atentado islamista.