El senador Espasa niega validez científica al 'informe Lamela'

El informe Lamela, que acusa al hospital Severo Ochoa de 73 sedaciones irregulares, "carece de toda validez científica", según el senador Ramón Espasa (Entesa Catalana de Progrés), médico e impulsor de la legislación sobre testamento vital. Tras consultar con los principales expertos en cuidados paliativos, Espasa asegura que el informe Lamela no demuestra ninguno de los puntos en que basa sus graves acusaciones al hospital.

El consejero madrileño de Sanidad, Manuel Lamela, formó una comisión de seis expertos nombrados por él mismo para apoyar sus tesis sobre las supuestas sedaciones irregulares practicadas a enfermos terminales en el servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés. El propio consejero presentó hace dos semanas las conclusiones de su comisión -73 sedaciones irregulares-, sugirió que había indicios de responsabilidad penal y entregó el informe al juez, inactivando de esta forma la investigación que tenía en marcha la Fiscalía de Madrid.

El principal dato en que se apoya la comisión Lamela es una pretendida correlación estadística entre las dosis de fármacos sedantes - "claramente excesivas en algunos casos", según esos expertos- y la rapidez del fallecimiento de los enfermos terminales. La comisión pretende demostrar así una "clara relación causa efecto" entre la sedación y la muerte.

"Tras examinar el informe y consultar a los principales expertos españoles en cuidados paliativos, yo no veo que se demuestre ninguna relación entre la sedación y la muerte", afirma Espasa. "La pretensión de clasificar los fallecimientos entre los debidos a la enfermedad terminal, los debidos a la sedación y los causados por una combinación de ambos es inaceptable científicamente".

El senador, además, considera que el principal argumento esgrimido por la comisión Lamela para acusar a los médicos de Leganés de usar dosis excesivas -la supuesta aceleración del fallecimiento- "contradice el principio del doble efecto". Este principio, aceptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y todas las sociedades científicas, establece que el objetivo prioritario de la sedación terminal es evitar el sufrimiento del paciente "incluso si de tal sedación se derivara un determinado deterioro de la precaria o exigua salud del enfermo y en consecuencia su muerte", en la expresión del Colegio de Médicos de Madrid.

La acusación de la comisión Lamela de usar "dosis excesivas", por otro lado, carece de aval legal y científico, según Espasa. La ley no establece dosis, y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos tampoco, ya que cada enfermo terminal tiene muy distintos requerimientos. Espasa subraya: "El estado previo de virginidad [los sedantes que el paciente haya recibido durante su proceso patológico anterior a la agonía] genera una variabilidad enorme en la dosis requerida. Por tanto, las conclusiones de la comisión de expertos sobre la dosis no tienen ningún valor. Tampoco hay evidencias ni normas legales sobre qué fármacos son mejores o peores para una sedación terminal". En su informe, la comisión Lamela considera adecuada la sedación terminal con 24-84 miligramos de midazolam (Dormicum) cada 24 horas, y destaca a continuación que los 46 enfermos terminales sedados con midazolam en el Severo Ochoa recibieron una dosis media de 94 miligramos (los casos varían entre 20 y 200 miligramos).

"Las tablas de dosis recogidas en el informe no tienen en cuenta el peso, la edad ni la condición del paciente", señala Espasa. "Es una trampa. Pretender que se use la misma dosis para una anciana de 44 kilos que para un joven de 85 es, simplemente, absurdo".

Al senador, además, le parece "muy poco serio" alcanzar conclusiones sobre estos casos sin haber discutido los argumentos con los médicos que practicaron las sedaciones.

"Lo único que puede haber es deficiencias en la constancia por escrito del consentimiento familiar", concluye Espasa, "pero estas deficiencias son comprensibles en un servicio de Urgencias saturado. Y no hay nada más".

La comisión de expertos nombrada por el consejero partió de una definición retocada de sedación terminal [ver EL PAÍS de ayer] . La definió como "no necesariamente irreversible", citando tres referencias científicas que, en realidad, utilizan la expresión "previsiblemente irreversible".

La comisión Lamela está integrada por el oncólogo del 12 de Octubre, Hernán Cortés Funes; el de La Paz Manuel González Barón; el presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Francisco López Timoneda; el profesor de Fisiología en la Universidad San Pablo CEU y jefe de Pediatría de la Fundación Hospital Alcorcón, Bartolomé Bonet Serra; la psiquiatra Dolores Crespo Hervás, del hospital Ramón y Cajal, y el inspector médico de la consejería, Isidro Álvarez Martín.