Un juzgado ordena el cierre cautelar de un campamento donde 195 familias tienen terreno para casas móviles

Un juzgado de Navalcarnero ha dictado el cierre cautelar del campamento Mirador de Gredos, en Villanueva de Perales. Esta medida afecta a las 195 familias que tienen compradas allí sus parcelas en régimen proindiviso (en comunidad, sin dividirlas) para instalar casas móviles prefabricadas.

El juzgado de instrucción número 2 de Navalcarnero, dirigido por Yolanda Flores Martín, ha dictado la orden de cierre cautelar del campamento atendiendo a la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Perales. El alcalde, José Antonio Barrado, de la Agrupación Independiente Villanueva de Perales, informó de que esta denuncia "se ha puesto porque no se ha respetado el proyecto original aprobado en pleno en 1993". Barrado detalla que se especificaba "que el uso de este cámping había de ser público y que las zonas deportivas debían poder ser utilizadas con los mismos derechos tanto por los ocupantes del cámping como por los vecinos". Además, continúa el alcalde, "el cámping iba [a ser] destinado para el estacionamiento de caravanas fácilmente transportables por un vehículo normal".

Barrado agrega que el Ayuntamiento ve "indicios de urbanización ilegal en terreno rústico, basándose en que la cimentación que se ha realizado para asentar las casas móviles es superior al peso requerido". El alcalde añade que también se basan en que "las casas móviles no son tan móviles como parecen y que se ha dotado de una capa asfáltica a los caminos internos del campamento, lo que hace suponer que el asentamiento de estas estructuras será definitivo, y no temporal, como requiere la normativa".

El portavoz de los afectados y vicepresidente de la Asociación Mirador de Gredos, José Antonio de la Fuente, afirmó tener "una carta del director general de Urbanismo de la Comunidad, Enrique Porto Rey, con fecha de enero de este año, en la que afirma que las plataformas de cemento instaladas no se pueden considerar como cimentación, ya que sólo sirven para nivelar las casas móviles y aislarlas de humedades". La carta "dice que la capa asfáltica dada en los caminos no es suficiente para considerarlas calles urbanizadas y que las casas móviles cuentan con todos los permisos de homologación europeos". De la Fuente indicó que, "a pesar de contar con todos los permisos de la Comunidad y haber pagado las correspondientes licencias municipales, en cuanto cambió el equipo de gobierno municipal comenzaron los problemas y la persecución hasta llegar al cierre cautelar".

De la Fuente advierte: "Muchos de nuestros asociados están dispuestos a romper el precinto y hacer uso de su parcela legalmente comprada, si no se soluciona este problema", concluye.