La fiscalía pide la recusación de la sala que debe juzgar a Atutxa

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha adherido a la recusación, solicitada por la defensa de los acusados en el caso Atutxa , de los tres magistrados que componen el tribunal que debe juzgar a los miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria acusados de desobedecer al Supremo por no disolver el grupo heredero de Batasuna, Sozialista Abertzaleak. El ministerio público cree que existen "dudas razonables" sobre "su parcialidad" al haber resuelto el recurso de apelación que Manos Limpias interpuso contra el archivo inicial de la causa, dictado por la juez instructora, Nekane Bolado, el pasado diciembre.

En el auto de la Sala Civil y Penal del TSJPV por el que se reabrió la causa se consideraba que había "indicios de criminalidad" contra los tres imputados, el entonces presidente de la Cámara vasca, Juan María Atutxa (PNV), y los miembros de la Mesa Gorka Knörr (EA) y Kontxi Bilbao (EB).

La fiscal jefe del alto tribunal vasco, María Ángeles Montes, señala en su escrito, fechado el pasado lunes, que el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, y los magistrados Antonio García y Roberto Sáiz destacaron en su auto "la conciencia y la voluntad" de los acusados de "incumplir" la orden del Supremo de disolver SA. Así, los miembros del tribunal que deben juzgar "han valorado cuestiones de fondo sustancialmente idénticas a las que deben ser objeto de pronunciamiento en la vista pública", según Montes.

La fiscal invoca una sentencia del Constitucional de marzo de 2004 que resolvió "un tema similar" y que dictaminó que "se había vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías en el concreto contenido del derecho a la imparcialidad", ya que los mismos jueces que juzgaban el caso "se habían pronunciado previamente en el auto por el que dejó sin efecto el archivo de la causa".

Montes cree que "la sala ha tenido ocasión de examinar y valorar el tema a enjuiciar y lo ha hecho emitiendo anticipadamente conclusiones sobre cuestiones esenciales que habían de ser objeto" del propio juicio, aún sin fecha. La sala, en cambio, cree que no está contaminada en esta causa, pese a haber revocado el pasado 22 de febrero el auto de archivo dictado por la juez instructora.

Sala de Gobierno

Los integrantes del tribunal han emitido su parecer sobre la recusación y han señalado que el pasado 22 de febrero resolvieron "en el ejercicio de las competencias revisorias" que la ley les atribuye "como función propia" de la Sala Civil y Penal del TSJPV, según un informe de dos páginas notificado ayer.

Finalmente, el incidente de recusación será instruido por un magistrado designado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, según una providencia dictada el pasado miércoles por el presidente del TSJPV. La razón: que la única magistrada que no ha sido recusada, la juez Bolado, ha intervenido en la causa como instructora.