Escenario judicial
El fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido no renovar en su cargo, tras haberlo desempeñado durante los cinco años reglamentarios inicialmente previstos, al fiscal jefe de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Eduardo Torres-Dulce, en virtud de una ley aprobada por el anterior Gobierno. El PP, ahora en la oposición, ha saltado de inmediato a la palestra, tildando de "sectaria" la decisión y conminando a Conde-Pumpido a que la explique en el Congreso.
El incidente vuelve a sobresaltar el escenario judicial, en vías de pacificación con el nombramiento ayer, tras cinco meses de pugna entre los sectores conservador y progresista del Consejo del Poder Judicial, de tres nuevos presidentes de Sala del Supremo por el sistema de mayoría reforzada -tres quintos de los 21 vocales del Consejo-, aprobado por el Parlamento en diciembre último con la oposición del PP.
La situación creada es curiosa: quien hizo la ley se escandaliza porque se aplique, y quien se opuso a ella la pone en práctica. En todo caso, la actitud del PP sería más creíble con otros antecedentes. Hay que recordar las prisas que se dio el anterior fiscal del Estado, Jesús Cardenal, en poner en marcha las previsiones de la nueva ley para no renovar el mandato de los fiscales jefes considerados "incómodos" en ámbitos gubernamentales. El escándalo del PP parece deberse, pues, al hecho de que sean otros quienes apliquen la ley y distintos los fiscales afectados.
Existen otras diferencias del bulto. El relevo entonces del jefe de la Inspección Fiscal, del fiscal jefe de Madrid y del fiscal Anticorrupción se llevó a cabo sin explicación alguna. El actual fiscal del Estado ha justificado la no renovación en el cargo de Torres-Dulce en la "pérdida de confianza" en su gestión. Y, de momento, es al único al que no ha renovado el mandato. No hay atisbo de depuración ni de cuestionamiento de su trayectoria profesional, pues si fuera cierto, como ha dicho su compañero Fernando Herrero Tejedor, fiscal jefe de la Sala de lo Militar, que ejerce de "líder de la oposición" en la carrera fiscal, sería inadmisible que esa función pudiera servirle de blindaje frente a decisiones legítimas de su superior en el marco estatutario.
La fiscalía se rige por el principio de unidad jerárquica. De aplicarse las exigencias del PP se daría la curiosa paradoja de que de nada habría servido cambiar de fiscal general, puesto que los nombramientos realizados por Cardenal quedarían definitivamente consolidados. La limitación a cinco años del mandato de los fiscales jefes es, quizás, la disposición más acertada de la reforma del Estatuto Orgánico del ministerio fiscal, aprobada por el anterior Gobierno. El PSOE prometió en su programa electoral aplicar este criterio al cargo de fiscal general, que sería inamovible en ese periodo. Pero de momento no hay noticias de esa reforma.
