Dos altos cargos de la Generalitat declaran en la fiscalía por el 'caso del 3'%

El pago de comisiones del 3% en los Gobiernos de Convergència i Unió (CiU) que denunció Pasqual Maragall en febrero pasado es un tema que los partidos políticos catalanes dan por cerrado, aunque no la fiscalía. Dos altos cargos del Gobierno tripartito de la Generalitat declararon ayer durante dos horas ante los fiscales de Barcelona que investigan el caso y ratificaron que, en la etapa convergente, la empresa pública Adigsa cometió diversas irregularidades en la contratación de obras.

Desde que el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, abrió diligencias por el caso el 25 de febrero, Adigsa -que depende del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda, dirigido por Iniciativa per Catalunya Verds- ha remitido a la fiscalía con una celeridad poco frecuente todos los documentos solicitados. Y ayer, el presidente y el consejero delegado de Adigsa, Ricard Fernández y Miquel Bonilla, respectivamente, explicaron al fiscal el contenido de algunos de esos documentos.

Fuentes de la investigación informaron de que el interrogatorio se centró en las irregularidades que el 7 de marzo relató al fiscal José Antonio Salguero, un pequeño constructor que explicó que abonó comisiones de hasta el 20% en 18 obras realizadas por esta empresa pública, que gestiona los barrios heredados de la Obra Sindical del Hogar de la época franquista (véase EL PAÍS del 8 de marzo).

Según la versión de Salguero, esas obras se realizaron sin ningún contrato y a través de un intermediario, José María Penín, que se presentaba como pariente del entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas de la Generalitat, Felip Puig, actual portavoz de CiU en el Parlament. Al menos 10 de esas 18 obras están documentadas y ascienden a 211.000 euros.

Este caso es el más avanzado en las investigaciones de la fiscalía, hasta el punto de que ya han declarado la esposa de Penín y una de las secretarias personales que tuvo Puig. La fiscalía tiene abiertas, según diversas fuentes, otras vías de investigación de irregularidades en Adigsa que podrían ser constitutivas de delito. La principal es la que afecta a la empresa Teyco, que, según los actuales gestores de Adigsa, cobró en la época de CiU facturas infladas con otros trabajos encargados verbalmente.

La fiscalía dispone de una autoría encargada por el tripartito que sostiene que Adigsa también realizó diversas compras de vivienda de segunda mano durante 2003, a través de intermediarios, y que acabó pagando el 15,51% más del valor de mercado. Los gestores de Adigsa admiten que no tienen pruebas de que se pagasen comisiones, aunque entienden que el sobreprecio de los pisos induce a pensar que pudieron abonarse.