El PP defiende que Esperanza Aguirre carece de competencias sobre el 'caso Majadahonda'

El PSOE ha solicitado que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, comparezca en la Asamblea para explicar su supuesta implicación en el caso Majadahonda. Pero el PP se opone esgrimiendo una argucia legal: los populares interpretan el reglamento de la Cámara como una norma que impide las comparecencias de la jefa del Ejecutivo al distinguir entre ésta y los consejeros. Según esta interpretación, la oposición no puede pedir la comparencia en pleno de la jefa del Gobierno al argumentar que Aguirre "carece de competencias" y sólo es "responsable" de la actuación de su equipo.

El portavoz socialista en la Asamblea, Rafael Simancas, denunció ayer el "comportamiento ilegítimo del PP" por bloquear la labor constitucional de control al Gobierno regional por parte de los grupos de la oposición. Simancas aseguró que el PP "impide la comparecencia de Esperanza Aguirre en el Parlamento regional para que dé explicaciones sobre su implicación en el caso Majadahonda denunciada por dos concejales de su partido, aduciendo que Aguirre, como presidenta regional, no forma parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad".

Según el artículo 208 del Reglamento de la Asamblea "todos los miembros del Consejo de Gobierno comparecerán en el pleno para informar sobre un asunto determinado de su competencia". Y el mismo reglamento, así como el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, incluye al presidente regional como parte del Consejo de Gobierno.

La portavoz adjunta del PP, Cristina Cifuentes, argumentó que en el artículo 208 se establece que los miembros del Consejo de Gobierno han de comparecer para informar sobre un asunto determinado de su competencia, y aseguró que la ley de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, distingue claramente entre "competencias y responsabilidad" al referirse a la presidenta regional. Según Cifuentes, esta norma establece que Aguirre "es responsable de la actuación de los miembros de su Gobierno" pero que "las competencias de Gobierno" como tales "están delegadas en los consejeros" que forman parte del Consejo de Gobierno.

Además, Cifuentes considera que el reglamento de la Asamblea de Madrid "establece claramente los supuestos en los que la presidenta" ha de declarar "ante el pleno" y éstas son: "las preguntas orales, en el artículo 191; la cuestión de confianza, en el artículo 186, y el debate sobre el estado de la región, en el 183".

"Tasadas y reguladas"

Según Cifuentes las comparecencias de la presidenta en el pleno de la Asamblea están "tasadas y reguladas por estos artículos y no existe ningún precedente en el que se haya hecho comparecer a un presidente de la Comunidad en un pleno". Además, la diputada popular manifestó que tanto la presidenta como el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía "ya han dado cuenta del caso Majadahonda en el pleno del pasado 3 de marzo".

Según Simancas, esta actitud no es otra cosa que una muestra de "obstrucción" que sólo se explica por que "el Partido Popular y Esperanza Aguirre huyen del debate sobre el caso Majadahonda que preocupa e interesa a los ciudadanos". "Nosotros estamos en la obligación de denunciarlo", dijo Simancas.

Por este motivo el grupo parlamentario socialista solicitó el amparo de la presidenta de la Asamblea, Concepción Dancausa, pero finalmente Aguirre no comparecerá porque los populares hicieron valer su mayoría en la Mesa de la Asamblea para negar la comparecencia de la presidenta en el pleno e imponer así su interpretación sobre el reglamento de la Cámara.

Simancas acusó además al PP de utilizar el Parlamento regional para hacer oposición al Gobierno de la nación. "Más del 60% de las iniciativas parlamentarias del grupo popular son denuncias o críticas al Gobierno central, lo que no corresponde con su labor en la Asamblea; para eso ya están Las Cortes", señaló Simancas.

En la polémica también entró de soslayo el portavoz de IU, Fernando Marín, quien criticó al grupo mayoritario de la Cámara por negarse a aceptar la celebración de debates monográficos.