Aguirre ordenó a un helicóptero volar sobre la manifestación vulnerando la ley

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (PP), ordenó el pasado sábado a través de su vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, Alfredo Prada, que el helicóptero de coordinación de emergencias trasladara a un equipo de Telemadrid. El único objetivo era grabar imágenes de la manifestación convocada por la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) y respaldada por el PP. Eso hizo que el piloto del aparato se viera obligado a vulnerar la legislación aeronáutica, ya que el espacio aéreo de la capital está restringido para vuelos visuales a baja altura.

Desde el primer momento, Prada explicó a sus subordinados de Emergencias cuál era la finalidad del vuelo: que Telemadrid tomase imágenes de la manifestación crítica contra el Gobierno central. Pero el lunes declaró a EL PAÍS que era "una manifestación de alto riesgo" y que su intención, al hacer volar al helicóptero, era tener sus propios datos para "tomar decisiones" por si ocurría algo grave.

Las órdenes que recibió el piloto que estaba de guardia llegaron en cadena. Un periodista de Emergencias 112 llamó al responsable del Centro de Coordinación de Operaciones (Cecop), al que comunicó que, por orden de una persona próxima a Prada, debía despegar el helicóptero con un equipo de Telemadrid para grabar la manifestación. El responsable del Cecop, Carlos Barberán, replicó al periodista que esa orden se la debería dar su superior inmediato (el jefe de bomberos) o bien el director general de Protección Ciudadana. El primero desconocía la intención de la presidenta regional. "Posteriormente me llama el vicepresidente para darme el mandato y procedo a avisar al comandante de la aeronave para trasladarle la petición", señala Barberán en el parte de servicio redactado ese día.

El vuelo comenzó a las 19.37 y terminó a las 20.00, según el parte. En la aeronave viajaban, además del piloto, un portavoz de Emergencias 112 y un equipo de Telemadrid formado por un cámara, un ayudante y un periodista. Los problemas surgieron durante el vuelo. La torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos preguntó al piloto de ese helicóptero si tenía permiso para sobrevolar Madrid. A la vez, el comandante del helicóptero de la policía que vigilaba la manifestación se vio sorprendido de que otro aparato, del Gobierno regional, sobrevolara un área restringida y sobre una concentración de centenares de miles de personas.La proximidad del helicóptero regional al del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaba la manifestación ocasionó riesgo de accidentes y creó momentos de tensión, según fuentes policiales.

La legislación recoge que la capital es un espacio aéreo restringido para los vuelos visuales, como el que realizó la aeronave del Gobierno regional. Es más, los helicópteros que cuenten con permiso deben de tener un motor con doble turbina para que, en caso de que se averíe una, puedan seguir volando temporalmente.

Además, todas las autorizaciones para entrar en ese espacio aéreo restringido las tiene que otorgar la torre de control del aeródromo de Cuatro Vientos, que las otorgará, en caso de ser necesarias, caso por caso. El vuelo del pasado sábado carecía de este permiso, ya que fueron los responsables de la torre los que preguntaron al piloto si disponía de esa autorización.

El vicepresidente Prada aseguró ayer que la Comunidad cuenta con una autorización para realizar vuelos de seguridad y de emergencia. El caso de la manifestación no era un asunto de emergencia. El propio vicepresidente se escudó, en declaraciones a EL PAÍS, en un hipotético riesgo para la seguridad ciudadana, lo que es una competencia directa de la Jefatura Superior de Policía y, en última instancia, de la Delegación del Gobierno.

Por tanto, el piloto del helicóptero hizo "una invasión no autorizada del espacio aéreo de Madrid", según fuentes de Aviación Civil, un departamento del Ministerio de Fomento. Esto implica la apertura de oficio de un expediente por parte de este organismo que determinará las responsabilidades. En primer término procederá contra el piloto y el dueño de la aeronave de Emergencias (una empresa privada contratada a tal fin por la Comunidad).

Imágenes

El segundo problema legal que se plantea es la captación de imágenes en un lugar público. Todo proceso de filmación desde esta zona restringida ha de ser autorizado con carácter previo por los ministerios de Defensa y Fomento. La Comunidad carecía de este permiso.

Prada argumentó que el vuelo del helicóptero se debió a que los madrileños tienen derecho a disponer de información de lo que sucede en su Comunidad, a través de Telemadrid. En el caso de grabar imágenes para su utilización por la policía -en caso de haber incidentes en la manifestación-, la Ley de Videovigilancia requiere en todos los casos que la filmación haya sido previamente autorizada por la Delegación del Gobierno.

El vicepresidente mantuvo ayer que sembrar la duda sobre las competencias de la Comunidad en prevención de riesgos y emergencias es "cuestionar el Estado de las autonomías". "Les guste o no a algunos, tenemos las responsabilidades de la protección ciudadana, civil y de emergencias. Eso implica un aspecto preventivo que abarca conocer las situaciones, evaluarlas y tomar decisiones", añadió Prada.