Funcionarios de Justicia

Los funcionarios de Justicia de Andalucía (y del resto de España) venimos realizando, aunque con muy escasa repercusión en los medios de comunicación, diversas movilizaciones reivindicando el cumplimiento íntegro y desarrollo de los acuerdos firmados con el Ministerio de Justicia en noviembre de 2002 y octubre de 2003, que contienen aspectos relativos a nuestro estatuto jurídico, de competencia estatal, y aspectos retributivos de competencia de la Junta.

Es con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial el 15 de enero de 2004, cuando se establecen los fundamentos jurídicos necesarios para que las comunidades autónomas asuman nuevas competencias en la gestión de los recursos humanos (más de 6.500 funcionarios en Andalucía), en asuntos como horario, permisos, licencias, etcétera, y el complemento específico y el de productividad. Asimismo, prevé una nueva organización de la Oficina Judicial, el establecimiento de una Relación de Puestos de Trabajo como instrumento para la ordenación de la actividad laboral, una redefinición de los cuerpos de funcionarios y sus funciones, una nueva estructura retributiva y una mayor competencia de las Comunidades Autónomas.

Después de casi tres años de la firma de los acuerdos, nos encontramos en una situación de transitoriedad e incertidumbre insostenibles

Los funcionarios de la Administración de Justicia pedimos dignidad, seguridad y garantías de futuro y para ello nos fijamos en lo que más cerca tenemos: la propia Junta. Queremos tener las mismas condiciones de trabajo que el resto de los funcionarios de la Junta y que nuestro complemento específico se acerque a los niveles medios de los grupos de titulación equivalentes, hasta tanto no se desarrolle efectivamente la nueva oficina judicial y la relación de puestos de trabajo.