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La red residencial pública de atención a los ancianos es deficitaria, salvo en Álava

En Euskadi 1.200 ancianos aguardan para entrar en el sistema residencial público

La abuela de Raquel tiene 93 años y vive sola en un piso de renta antigua en Tolosa. Es un cuarto sin ascensor, sin agua caliente ni calefacción. "Hasta hace tres años se valía por sí misma. Pero a mi padre le dio un derrame y ella, no sé si del disgusto o de qué, empezó a perder facultades. Mi madre no puede con todo", cuenta. La familia solicitó en noviembre su ingreso en una residencia, pero aún espera. En Euskadi hay unos 1.200 ancianos aguardando para entrar en el sistema residencial público. Sólo Álava, con 5,42, cumple con la tasa de cobertura reconocida como óptima de atención a la tercera edad, situada en cinco plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años.

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"Llevamos ya mucho tiempo esperando", lamenta Raquel. "Y mi abuela [prefiere no dar el nombre] tiene 93 años... A este paso me van a dar la solución cuando ya no haya problema. La plaza la necesito ahora, para que la mujer se muera con dignidad, en un sitio caliente, y bien atendida".

La familia tocó en noviembre a las puertas de la Diputación foral de Guipúzcoa. "Mi padre tiene medio lado del cuerpo paralizado y mi abuela va cada vez a peor. Ella vive en el cuarto y mis padres en el tercero, pero mi madre, que siempre se ha hecho cargo de ella, no da a basto". Le ofrecieron una plaza en una residencia en San Sebastián, a 26 kilómetros de su domicilio. Pero no era definitiva, sino temporal, y decidieron rechazarla. "¡Aceptarla! ¿Para qué? ¿Para descolocarla durante dos meses y luego otra vez a casa?", justifica Raquel. "Luego además, estando en Donosti, se nos complicaban mucho las cosas para atenderla". Lo que decidieron entonces fue tramitar una ayuda a domicilio, que les fue concedida "de una semana para otra". "Pero vamos, que son dos horas al día y tampoco te soluciona mucho".

El de su abuela no es un caso aislado en el País Vasco y tenderá a serlo cada vez menos por el progresivo envejecimiento de la población, la incorporación de la mujer al trabajo y la transformación de los núcleos familiares. Hoy por hoy hay en Euskadi unos 1.200 ancianos esperando una cama en el sistema público de residencias, que se concede fundamentalmente según criterios socioeconómicos, familiares y de salud. Guipúzcoa, con 4.546 plazas autorizadas, tiene una lista de espera de unas 800 personas; Álava, con 2.665 camas, de 347 ancianos, y Vizcaya, con 6.853 plazas, de 50.

Pero los números no sirven, en este caso, para realizar una comparación entre estas redes asistenciales y así lo advierten desde las tres instituciones forales, porque los criterios que manejan nada tienen que ver.

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Cuenta corriente

Por ejemplo, Vizcaya niega el acceso a una plaza residencial pública -y por tanto su inscripción en la lista- a cualquiera que tenga 24.000 euros en su cuenta corriente. "Nosotros en cambio, igual que Álava, no excluimos a nadie por razones económicas, aunque una persona con menos ingresos tendría prioridad", explica Ramón Jauregi, Director General de Programación y Gestión del Departamento para la Política Social de Guipúzcoa. "Además nosotros incluimos en la lista a ancianos que viven en residencias privadas "pero que han solicitado entrar en la red concertada. Y son un número importante".

Sólo esta diputación ofrece datos claros sobre el tiempo medio que un anciano debe aguardar para acceder a una residencia: entre 90 y 95 días. Algunos, como la abuela de Raquel que quiere plaza en su comarca -donde hace poco se clausuró un gerontológico-, tienen que esperar algo más. "Llega un momento en el que te planteas mentir", asegura la hija de un anciano que lleva meses en esta situación. "Porque ves que cuanto más abandonada está la persona, cuanto más desagradecidos son sus hijos, cuanto menos dinero tiene..., más rápido accede a un centro".

Las desiguladades por territorios en atención residencial a la tercera edad son, en cualquier caso, un hecho en Euskadi. Álava, con 5,42, es la única provincia que cumple con la tasa de cobertura reconocida como óptima, de cinco camas por cada cien mayores de 65 años. Guipúzcoa sólo tiene capacidad para ofrecer alojamiento a 3,67 y Vizcaya a 3,12. "Durante años tuvimos que destinar parte importante del gasto social" a hacer frente a la crisis "industrial", argumenta un portavoz de la Diputación de Vizcaya. Entramos más tarde, pero ahora nos estamos poniendo al día".

Los tres territorios tienen proyectados ambiciosos planes para atender más eficazmente a este colectivo: la construcción a futuro de medio centenar de centros con alrededor de 3.600 plazas residenciales.

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