Reportaje:

Auditores auditados

Los gastos particulares de algunos consejeros crean controversia en el seno de la Cámara de Cuentas

Un informe interno de la Cámara de Cuentas -organismo fiscalizador de todos los gastos e ingresos de las administraciones públicas madrileñas- ha puesto algunos reparos a gastos realizados por sus propios consejeros. El análisis, elaborado con ocasión del anteproyecto de Presupuestos de la Cámara de 2005, detecta una serie de "errores o deficiencias", si bien descarta que se haya producido irregularidad contable alguna.

El citado informe señala, por ejemplo, que un consejero [Ramón Muñoz, que fue presidente de este organismo hasta 2004] presentó un recurso contencioso administrativo contra una resolución que le destituía. Muñoz encargó el caso a un abogado particular. Después le pidió al mismo letrado un "dictamen jurídico sobre la inclusión de nuevos puntos en el orden del día" en las sesiones del Consejo de la Cámara. Las facturas que había que abonar por estos trabajos, que la Cámara no ha querido pagar, eran de 2.337 euros la primera y 3.565 euros la segunda.

El informe recuerda que para estos asesoramientos ya existe la figura del secretario general, cuya consulta no cuesta nada a las arcas públicas (es funcionario). Y recuerda: "En litigios anteriores, la defensa ha corrido a cargo de los servicios jurídicos de la Comunidad".

Pero Muñoz disiente y manifiesta que la contratación del abogado privado, en su opinión, resultaba "menos onerosa" para las cuentas del organismo público y, además, el secretario de la Cámara no cuenta "entre sus funciones la representación de defendidos en los juicios".

Muñoz destaca que el secretario, según la ley, no tiene por qué ser licenciado en Derecho. "La designación de un abogado particular por un consejero no es, en absoluto, ilegal, por lo que no entiendo cuál es el supuesto error" que se señala.

El informe indica también que el consejero Carlos Salgado reclamó a la Cámara el pago de "unos gastos generados por el curso de inglés de una entidad privada, recibos de fútbol-derrama expedido por la Asociación de Padres y equipamiento deportivo" de unos de sus hijos. Esta petición, siempre según el informe, "originó una serie de escritos entre el secretario general (que admite dos de las tres prestaciones solicitadas) y el interventor (que sólo admitía una)". Ambos funcionarios se enzarzaron entonces jurídicamente sobre la conveniencia o no de pagar todas las facturas. "El criterio del interventor de no admitir sino uno de los gastos solicitados no es aceptado por el secretario, quien plantea la discrepancia al presidente".

Por su parte, la secretaría general de la Cámara redactó otro informe con respecto a esta cuestión. En él se explica que el 25 de julio de 2002 el Consejo aprobó un régimen de prestaciones sociales aplicable al personal de este organismo y a "sus altos cargos". En este acuerdo se establece que la Cámara pagará "los gastos de estudio y formación de hijos del personal menores de 26 que vivan a expensas del titular". Cuando estudien Secundaria, tienen derecho a recibir hasta 504 euros de ayudas. Si sus hijos cursan Bachillerato pueden recibir hasta 672,16 euros. Un consejero de la Cámara cobra 7.000 euros mensuales.

Con esta normativa en la mano, el 16 de septiembre de 2003 Salgado presentó en el registro la solicitud de reembolso con "justificantes expedidos por entidades docentes y otros comercios (librerías, papelerías, tiendas de deportes...)". Pero el interventor puso reparos porque "uno de los gastos propuestos se considera actividad privada y discrecional desarrollada al margen de la actividad obligatoria": las clases de inglés en un centro privado.

Ante la discrepancia, el secretario acudió al presidente de la Cámara, Ramón Muñoz, quien decidió el 22 de enero de 2004 que se pague lo reclamado por Salgado, ya que "la deficiencia fundamental del expediente se circunscribe a una ausencia de criterios claros a la hora de establecer las instrucciones para la interpretación del acuerdo".

Por su parte, Salgado recuerda que el cobro de estas prestaciones es legal y que la cantidad reclamada era mínima: 209 euros. "Tenía ese derecho y lo ejercí".

Pero, además, el informe señala que el 28 de mayo de 2003 se firmó un convenio de colaboración con la Fundación de la Universidad Rey Juan Carlos. La propuesta fue aceptada por la directora gerente de la Fundación Rey Juan Carlos. "Los consejeros se enteraron por la prensa y algunos se dirigieron por escrito al interventor advirtiéndole de cuál era el procedimiento y la competencia para la firma del convenio", dice el informe.

Las jornadas, que se llevaron a cabo en Aranjuez, se celebraron entre el 14 y el 18 de julio de 2003. El coste fue de 13.000 euros, que pagó la Cámara, y "el director del curso resulta ser", dicen los auditores con cierta sorpresa, "el presidente de la Cámara". Fuentes de la universidad explicaron que Muñoz no cobró nada por la dirección del curso, algo que confirma el propio consejero.

La Cámara de Cuentas es el órgano fiscalizador de todos los gastos e ingresos de la Comunidad, los Ayuntamientos y entidades públicas. La ley les confiere la facultad para auditar sus cuentas e, incluso, para determinar posibles responsabilidades ante la falta de justificación necesaria de determinados gastos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de junio de 2005.

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