Un consuelo para Andersen

Una victoria pírrica. Es lo que les queda como consuelo a los miles de empleados de la desaparecida Arthur Andersen después de que el Tribunal Supremo anulara la condena que se impuso en 2002 a la firma contable por obstrucción a la justicia en el caso Enron. La acción del Departamento de Justicia se consideró entonces justificada tras el descalabro de los mercados por el azote de los fraudes corporativos, pero ahora se vuelve contra la Administración de Bush.

En la actualidad, apenas quedan en activo 200 de los 85.000 empleados que Arthur Andersen tenía por todo el mundo

Han pasado tres años desde que Andersen fuera señalada directamente por su papel en el esquema ilícito que llevó al colapso de la eléctrica estadounidense en diciembre de 2001. La firma era la responsable de certificar si las cuentas de resultados de Enron eran correctas, para que los inversores pudieran actuar en consecuencia. Pero llovía sobre mojado, porque el nombre de la venerable firma de Wall Street ya apareció como protagonista en el fraude en Waste Management a mediados de 1990.

El 'caso Enron'

Las consecuencias del caso Enron fueron, sin embargo, catastróficas para la auditora, que en 2002 fue declarada culpable en un tribunal de Houston por la destrucción masiva de documentos relacionados con la eléctrica Enron, antes de que quebrara la compañía por su abultada deuda. Y a los pocos meses afloró un nuevo manchón financiero en la telefónica WorldCom, empresa que acabó protagonizando la mayor quiebra en la historia corporativa de Estados Unidos y en la que Andersen volvió a salir citada como implicada.

Arthur Andersen, considerada en la época como una de las cinco grandes firmas contables del mundo (Big Five), fue sentenciada a cinco años de inactividad y al pago de 500.000 dólares de multa. En el proceso se identificó a un único culpable, David Ducan, responsable de las auditorías a Enron. El 98% de los empleados de la firma no vio un documento relacionado con la eléctrica. Pero el fallo del tribunal fue suficiente para sentenciar a muerte a la firma y declararla virtualmente muerta.

La acción legal lanzada por el Departamento de Justicia, aunque se consideró adecuada por la presión del momento, estuvo rodeada de una gran controversia, porque sentaba además un peligroso precedente por el que se podía condenar de ocultación o destrucción documental a cualquier firma auditora sin que se pudiera probar la existencia de un comportamiento corrupto de sus empleados.

El Tribunal Supremo le dio el pasado martes un vuelco a la condena que acabó con la prestigiosa firma de Chicago y propiciaba a la vez un severo varapalo a la acción judicial emprendida por la Casa Blanca contra los delitos de guante blanco. Los miembros de la Corte estadounidense consideran ahora que las pruebas que se dieron al jurado del caso Enron eran demasiado vagas como para que pudieran pronunciarse correctamente. Para Andersen, esta sentencia representa una etapa importante para limpiar la imagen de sus profesionales.

Pero ese mismo martes, la página en Internet de antiguos empleados y jubilados de Andersen (www.andersenalumni.net) se llenaba de mensajes electrónicos cargando contra la acción del Departamento de Justicia. Y aunque alaban la sentencia de la Corte Suprema, denuncian que su decisión llega demasiado tarde y después de haberse hecho mucho daño a empleados que nada tuvieron que ver con las auditorías realizadas a Enron. Hoy apenas quedan en activo 200 de los 85.000 empleados que la firma tenía por todo el mundo, y que se dedican a mantener un centro de conferencias de la compañía en Chicago o a llevar adelante las demandas civiles en curso.

Acciones judiciales

"De alguna manera", señala Marc Andersen, antiguo asociado de la firma, "se ha quitado un estigma". Y aunque algunos de sus ejecutivos han logrado recolocarse en el mundo de las finanzas o se han lanzado a nuevas aventuras empresariales, las carreras profesionales de la mayoría de los empleados están descarriladas. Por eso no se descarta que puedan emprender acciones judiciales por las consecuencias de la contundente actuación de la Administración de Bush. Pero la sentencia del Tribunal Supremo es limitada y, como mucho, podría servir para que algunos de los asociados puedan proteger sus activos frente a los casos civiles pendientes.

Los expertos, analizando los acontecimientos con la distancia que da el tiempo, señalan ahora que la desaparición de Arthur Andersen no se debe a la conducta fraudulenta de los auditores de Enron o a la mano dura del Departamento de Justicia, sino a la mala gestión de la firma desde mediados de los años noventa, que penalizaba a los buenos auditores en detrimento de los que satisfacían a sus clientes. A todo esto se sumó la aparente permisividad de las autoridades reguladoras estadounidenses, que no querían poner freno con su acción a los días de gloria que se vivían en Wall Street.

Pero los fantasmas del pasado aún siguen sobrevolando por el parqué y la tentación de las compañías para ajustar sus cuentas de resultados a las expectativas de los inversores siguen ahí, por eso se espera que el nuevo presidente de la Securities and Exchange Commision (SEC), la autoridad reguladora del mercado de valores estadounidense, Christopher Cox, mantenga la misma política que llevó su antecesor, William Donaldson.