Explosiva Bolivia

Bolivia está a la deriva, aunque las instituciones convencionales del poder sigan existiendo. Con el presidente acorralado y el Congreso semiparalizado, el convulso país andino cabalga una ola de desgobierno cuyos elementos más relevantes son las incesantes manifestaciones, los bloqueos de carreteras, las huelgas y las dimisiones políticas. En un intento desesperado por desactivar este explosivo vacío, el presidente Carlos Mesa acaba de firmar un decreto, dudosamente constitucional, que fija para octubre una doble consulta popular: elección de una Asamblea constituyente que otorgue más poder a quienes menos tienen y referéndum autonómico. Se trata de contentar a la vez a la mayoría india que exige radicales reformas sociales y a las provincias surorientales del país, que buscan a cualquier precio el control del gas y el petróleo que almacenan.

Mesa, un político independiente sin base parlamentaria, afronta una misión tanto más imposible cuanto que su papel bordea ya la irrelevancia, tras afrontar una crisis tras otra desde que llegara accidentalmente a la presidencia en octubre de 2003. Bolivia, el país más pobre de Suramérica, alberga las segundas reservas de gas natural de la región. Y en su territorio semivacío compiten dos grupos sociales con agendas aparentemente irreconciliables. Por un lado, una mayoría india desposeída secularmente, que manifiesta su fuerza en las calles del altiplano antes que en el Parlamento, y exige la nacionalización de los hidrocarburos. Su presión ha conseguido el mes pasado -con la insólita abstención de Mesa, que rechazó aprobar o vetar la ley- un nuevo impuesto del 32% pagadero por los productores extranjeros de gas y petróleo, entre ellos Repsol, que han invertido en el país andino 3.500 millones de dólares en los últimos diez años.

Por otro, las élites de ascendencia europea que dominan las regiones surorientales de Santa Cruz y Tarija, motor económico del país, donde están el gas y el petróleo, han logrado que La Paz permita la elección directa de sus responsables políticos y su propósito es alcanzar un amplio autogobierno. Los cruceños han fijado unilateralmente un referéndum autonómico para agosto, iniciativa que los dirigentes indígenas consideran encaminada al secuestro de la única riqueza real boliviana.

Un país tan frágil como Bolivia, sin instituciones capaces de articular una respuesta a la vez firme y democrática, no puede soportar por mucho tiempo ser solicitado por fuerzas antagónicas tan dispares. Mucho más grave que la supervivencia política del presidente Mesa es el riesgo de que en este caos se alcen una vez más como salvadores -lo han hecho decenas de veces en el pasado- los expeditivos militares bolivianos.