El Gobierno catalán ultima una ley pionera en España para combatir los malos olores

Los hedores generan una de cada tres denuncias que recibe Medio Ambiente

Combatir los malos olores. Este es el objetivo del anteproyecto de ley que presentó ayer el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat. Una normativa pionera tanto en España como en el ámbito de la Unión Europea y que el Gobierno catalán pretende impulsar para dar respuesta a la demanda social existente para que la Administración pública tome medidas y regule la contaminación odorífera. La jefa del Servicio de Vigilancia y Control del Aire, Isabel Hernández, explica que el 30% de denuncias que llegan a su departamento se deben a los malos olores.

De acuerdo con la Ley de Intervención Ambiental, a la cual se refiere el borrador, serían fuentes de malos olores la industria química, las refinerías de petróleo y gas, las fábricas de papel, los sistemas de saneamiento de aguas residuales y la acumulación de materias o sustancias putrescibles o fermentables, entre otras. También se controlarán el olor que producen las cafeterías, las panaderías o las instalaciones de ahumado de alimentos.

En este sentido, el Ejecutivo catalán fija unos índices de emisión de olores máximos para estas actividades en las áreas que requieren más protección contra el olor, como son las áreas residenciales, mediante el uso de la tecnología disponible, la aplicación de buenas prácticas de gestión y la implantación de medidas correctoras.

En la presentación del anteproyecto, el consejero de Medio Ambiente, Salvador Milà, explicó que "la relación entre el olor y la molestia percibida es compleja" porque, además de factores "químicos y físicos de fácil determinación", también comporta "aspectos subjetivos", como la sensibilidad personal, la intensidad y el carácter de la sensación y las condiciones del entorno.

Milà destacó que la tarea de medir el olor es dificultosa tanto por la diversidad de las sustancias que pueden generarlo como por las características de cada una de éstas. Una misma cantidad de dos sustancias pueden generar sensaciones olfativas muy distintas. Por ello, la regulación individual de cada compuesto es inviable.

Como solución el borrador fija unas "unidades de olor", es decir, unos "parámetros objetivos" que medirán la contaminación odorífera de acuerdo con la concentración de sustancias olorosas que, cuando se evaporan, originan una sensación olfativa desagradable. Se trata de un método de medición que establece la Unión Europea y se fundamenta en lo que un grupo de personas detecta como buen o mal olor.

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Como consecuencia de las propiedades del objeto cuyo hedor se mide, la futura normativa regulará la emisión de los compuestos que causan el mal olor y se aplicará sobre las actividades potencialmente generadoras de contaminación odorífera.

En la actualidad, ya hay leyes que fijan procedimientos de intervención que afectan a las actividades que generan olores, pero, a juicio de Milà, es necesaria "una coordinación para mejorar la eficacia y gestión administrativas".

Fuertes multas

El borrador indica que la Generalitat, a petición de los ayuntamientos, estará autorizada para declarar Zonas de Olor de Régimen Especial (ZORE). Se trata de acotar las áreas catalanas en las que se concentra un número elevado de fuentes de olor y las zonas en las que el hedor tenga un origen desconocido.

Milà aseguró que el Camp de Tarragona, que agrupa un gran número de industrias químicas, "podría ser la primera ZORE". Pese a que la futura norma está concebida para prevenir que la emisión de malos olores supere los índices establecidos, la normativa prevé sanciones que van desde los 900 hasta los 90.000 euros para los responsables de las actividades que generan lo considerado contaminación odorífera.

Ahora que se conoce el borrador de la futura norma, se abre un proceso en el que los sectores interesados podrán tomar posición. Milà espera que esta fase sea "lo más participativa posible" y espera que los entes locales, las empresas que hacen mediciones y las consultoras ambientales aporten sus conocimientos para crear un articulado que se llevará al Parlament a finales de 2005.

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