Hacia la España plural: la vía valenciana

El PSPV-PSOE y el PP firmamos, el pasado 29 de mayo en la sede de las Cortes Valencianas, el acuerdo para la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Con toda seguridad, y después del debido procedimiento parlamentario autonómico, será el primer proyecto de reforma estatutaria que se presentará en el Congreso de los Diputados. Con ese acto, los valencianos nos hemos comprometido con la consolidación de la España plural que, diseñada en la Constitución de 1978, resulta a día de hoy todavía inacabada.

No es baladí el aserto anterior. En estos 25 años la organización territorial del Estado nacida del consenso de la transición ha sido eficaz para acercar el poder al pueblo y zanjar las seculares disputas por la distribución del poder entre el centro y la periferia de España. La fecha constitucional de 1978 significó un punto final pero, también, un punto de partida en la construcción del Estado. Pero quedaron muchas cosas por hacer y, en estos años, han surgido otras nuevas.

Veinticinco años después, es imprescindible caminar hacia fórmulas de coordinación multilaterales

Entonces no podíamos saber, por ejemplo, cuántas comunidades autónomas seríamos; hoy ya lo sabemos y, por esta razón, debemos estar todas reconocidas en la Constitución. Tampoco sabíamos qué necesidades financieras tendrían las comunidades autónomas; hoy ya sabemos que hacen falta más medios para asegurar el autogobierno. Tampoco estábamos en la Unión Europea, y hoy sus decisiones afectan directamente a los ámbitos de gobierno de las comunidades autónomas. Tampoco supimos darle al Senado su verdadera función como sede constitucional donde dirimir los contenciosos y coordinar la organización territorial del Estado. Y menos podíamos sospechar que el peso de las principales políticas del Estado del bienestar iba a recaer sobre los gobiernos autonómicos que ahora tienen la obligación añadida de dar respuesta a nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos.

Por desgracia, hemos perdido un tiempo precioso en abordar las tareas pendientes. Durante ocho años, el Partido Popular se empeñó en hacernos creer que completar nuestra arquitectura constitucional era romper España. Había que dejar las cosas como estaban, decía. Hoy lo sigue pensando. Sostiene que nuestro tiempo se asemeja al de hace más de cien años cuando España se estremeció por la pérdida de su imperio de ultramar. ¿Qué pérdida puede haber por reconocer que España se construye a partir de su pluralidad y del autogobierno de los pueblos que la componen? El Partido Popular sigue pensando España con los parámetros del siglo XIX, cuando hoy en día los países más desarrollados del mundo se asientan sobre instituciones políticas a distintos niveles para la gestión de competencias que se atribuyen según el principio de subsidiaridad, ¿o no es ése el principio que rige las relaciones del Estado con las autonomías y con la Unión Europea?

Las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, sin embargo, han significado un revulsivo para nuestro país. La victoria socialista ha supuesto el advenimiento de nuevas oportunidades de cambio en España después de un tiempo cansino. En pocas palabras, si queremos que el Estado autonómico funcione adecuadamente y que se reduzcan las tensiones territoriales, tenemos que consolidar plenamente un modelo de Estado basado en el autonomismo cooperativo, solidario y plural avanzado. Es necesario que el Gobierno central y los gobiernos de las autonomías establezcan mecanismos de colaboración estable y regular en el mayor número posible de materias, y naturalmente en todas aquellas competencias que son compartidas, como ocurre en países con una estructura del poder territorial similar, como Estados Unidos, Alemania o Bélgica.

Con ese objetivo es preciso, pues, abordar una reforma profunda del Senado que lo convierta en cámara de representación de las instituciones autonómicas y le dote del sentido constitucional que actualmente no tiene. Y debemos hacer posible que la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas se institucionalice. Que en el proceso de establecimiento de la legislación básica del Estado, el Gobierno central consulte previamente a los gobiernos autónomos. O que se dé estabilidad a las conferencias sectoriales para tratar materias sobre competencias compartidas entre el Gobierno central y las autonomías tanto en el ámbito español como en el europeo. Es necesario, en definitiva, más cooperación y más visión de conjunto del modelo de estado autonómico, sin tentaciones neocentralistas ni competencias de autogobierno entendidas como privilegio.

El PSPV-PSOE, como el resto de los valencianos, hemos querido hacer efectivo en la Comunidad Valenciana ese proceso de reformas que impulsa el Gobierno de España dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero desde el pasado 14 de marzo. Y lo hemos hecho bajo cuatro criterios: el primero, suscribir un amplio compromiso político de las fuerzas políticas mayoritarias, en el que el PP de la Comunidad Valenciana dejara de lado las consignas de su partido en España y priorizara los intereses del pueblo valenciano; el segundo, implicar al máximo de organizaciones y representantes de nuestra sociedad civil, escuchando todas sus propuestas; el tercero, servir los intereses de todos los valencianos ampliando y mejorando sus derechos sociales, cívicos y políticos; y, cuarto, cerrar un contencioso histórico, la deuda pendiente de 1982 cuando el golpe del 23-F y sus consecuencias impidieron a los valencianos transitar por la vía del artículo 151 de la Constitución.

Esos son los criterios que definen lo que ya se viene en llamar la "vía valenciana": un amplio consenso, político y cívico; una segura apuesta por los derechos de las personas, por los nuevos derechos sociales; y el cierre del contencioso histórico hasta donde el compromiso político dé de sí. Estos son los tres principios que han conducido a la elaboración de la propuesta de reforma de nuestro Estatuto de Autonomía. Además, estoy convencido de que la forma en que se ha logrado el acuerdo será el camino que seguirán el resto de comunidades autónomas, aunque el contenido de nuestro acuerdo sea o no trasladable en su integridad. Para los socialistas cada autonomía ha de encontrar su propio camino en la edificación de la España plural. Pero con una idea compartida: en una organización territorial del poder como la nuestra, cooperativa y federalizante, no caben distintos niveles de autogobierno, ni privilegios injustificados. Sólo el ejercicio de la autonomía en el marco de la Constitución puede legitimar políticas diferenciadas en cada comunidad autónoma.

Por eso, consideramos también que, como en todos los sistemas políticos con una distribución del poder territorial similar al español, hay que superar el bilateralismo en las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas individualmente consideradas. Veinticinco años después resulta imprescindible caminar hacia fórmulas multilaterales de coordinación y entendimiento entre la Administración Central del Estado y las comunidades autónomas. Y es que con demasiada frecuencia tendemos a mirar a España como una realidad donde existe una institución que llamamos el Estado, con mayúsculas, y otra que serían las autonomías, con minúsculas. No hay mayúsculas ni minúsculas; no hay subordinación; hay competencias y responsabilidades diversas; y, más aún, la inmensa mayoría de las competencias del Gobierno central y de las autonomías recaen sobre las mismas materias en diferentes fases del desarrollo de las políticas públicas. Este hecho nos obliga a colaborar a todos, Gobierno central y autonomías, y todavía nos obligará más en el futuro si queremos que el Estado autonómico, que es nuestra peculiar organización del Estado, funcione y funcione bien.

Éste es el reto que iniciamos ahora. Es un desafío para construir un país mejor, más solidario y con más cotas de bienestar. Es el desafío, a poco que nos situemos en la historia reciente de este país, que bien podría calificarse como una nueva transición hacia la plena consolidación del Estado del bienestar. Si en los veinticinco años anteriores, la democracia presidió la pirámide de la acción política, en esta nueva situación queremos más democracia política, pero también territorial; queremos más estado del bienestar, pero mejor distribuido. En definitiva, los valencianos -y ahí sí que lo reivindicamos con todo derecho- queremos ser ejemplo de una España que transita ya hacia un modelo territorial más plural, más cooperativo, más solidario.

El autor defiende la necesidad de una nueva

arquitectura del Estado autonómico y augura

que el resto de las comunidades seguirá el

camino del acuerdo, como en la valenciana.

Joan Ignasi Plà i Durà es secretario general del Partit Socialista del País Valencià-PSOE.