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Cashman aconseja a los afectados denunciar los atropellos urbanísticos ante los tribunales

Cristina Vázquez

Charles Svoboda, presidente de la Asociación Abusos Urbanísticos No (AUN), cerró la asamblea en el salón de actos de la Universidad Politécnica entre la delegación del Parlamento Europeo y afectados por PAI (Planes de Actuación Integrada) aconsejando a los ciudadanos que acudan tantas veces como sean necesarias a los diputados -"con insistencia, si es preciso", dijo- para pedirles amparo y pedirles mejores leyes.

En la Politécnica se dieron cita ayer los miembros de la plataforma Salvem Porxinos, pero también se encontraban allí representantes de Salvem El Cabanyal, Salvem El Botànic, afectados por el PAI de 19 millones de metros cuadrados del futuro parque temático Mundo Ilusión, en los términos castellonenses de Cabanes y Oropesa, o el PAI de Cullera, que afecta a otros cinco millones de metros cuadrados -"un quinto del territorio del municipio", precisó una de las afectadas-, o portavoces de la Fundación Nueva Cultura del Agua, que además de los abusos urbanísticos, llamaron la atención sobre el "abuso hídrico" al que conduce este modelo de "urbanismo salvaje", dijo su portavoz Antonio Estevan.

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Un propietario afectado por el PAI Nou Manises, lamentó ante la delegación que el Ayuntamiento de la localidad, en manos del PP, hubiera adjudicado el proyecto a una sociedad, Tarea, participada por el IVVSA, instituto público, y el empresario Ortiz. "Blasco se ha convertido en parte y árbitro", dijo después de relatar que finalmente se había optado por la oferta más cara. "No podemos hacer nada, sólo luchar contra ellos", concluyó. Cashman aconsejó a este propietario que los ciudadanos deben denunciar estos atropellos a los jueces, sobre todo ahora que la CE ha abierto un expediente a España por falta de transparencia.

José Luis Ramos, asesor jurídico de Salvem El Cabanyal y especializado en temas urbanísticos, se dirigió directamente a la delegación para que tomara nota de una serie de proyectos que se han adjudicado "sin la adecuada publicidad" y, entre ellos citó, un PAI de la Playa de Almenara, otro en Sant Gregori, de Burriana y otro en la playa de Cabanes. Según Ramos, con la nueva LUV "vamos a peor" y recitó una serie de artículos, de los que tomó nota Cashman, para apuntalar su denuncia.

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Sobre la firma

Cristina Vázquez
Periodista del diario EL PAÍS en la Comunitat Valenciana. Se ha ocupado a lo largo de su carrera profesional de la cobertura de información económica, política y local y el grueso de su trayectoria está ligada a EL PAÍS. Antes trabajó en la Agencia Efe y ha colaborado con otros medios de comunicación como RNE o la televisión valenciana À Punt.

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