La fiscalía encuentra contradicciones en el 'caso Majadahonda'

La Fiscalía Anticorrupción encargó a funcionarios del cuerpo de la Intervención General del Estado el estudio de toda la documentación sobre la tramitación en 2003 de la subasta de tres parcelas municipales en Majadahonda bajo mandato del anterior alcalde, Guillermo Ortega (PP). El informe, ya concluido, no determina irregularidades, pero sí flagrantes contradicciones entre los sucesivos informes del arquitecto municipal, que se intentan esclarecer.

La complejidad del caso Majadahonda aconsejó a la Fiscalía Anticorrupción, cuyo responsable es Antonio Salinas, recabar, antes de meterse en mayores indagaciones, un asesoramiento del cuerpo especializado en garantizar la pureza de los contratos públicos: los miembros de la Intervención General del Estado. De hecho, cuenta con un equipo de dicho cuerpo adscrito, al igual que otro de la Agencia Tributaria. Esta última unidad suele usarse más para seguir los tráficos monetarios de las empresas o personas investigadas. Sin embargo, en el arranque de esta investigación, lo que interesaba era filtrar la ingente documentación del caso a través de los interventores para que, como en cualquier contrato que fiscaliza, analizaran todos los pasos que se dieron en la venta de las parcelas municipales de Majadahonda y si cumplieron las cautelas legales.

Debían examinar documentalmente toda la cronología de la venta de las parcelas: cómo se tomaron las decisiones, qué informes aportaron los técnicos municipales sobre dichas enajenaciones, cómo se recibieron y tramitaron las ofertas, cómo fueron valoradas, etcétera. El informe, ya concluido, no revela irregularidades manifiestas, pero sí flagrantes contradicciones sobre los informes emitidos por determinados técnicos municipales. Las contradicciones, susceptibles de derivar en irregularidades, se centran sobre todo en el arquitecto, que emitió dos informes sobre valoración de los licitadores en los que rectificó sus iniciales criterios. Sólo tras determinarse si hubo irregularidades claras en estas ventas municipales, que el PSOE denunció como un grave quebranto patrimonial, la Fiscalía Anticorrupción entraría a ver quiénes favorecieron las opciones ganadoras y qué intereses les movieron.

Por ello, según fuentes de la investigación, por el momento no se plantean recabar el testimonio de los concejales rebeldes del PP en Majadahonda -José Luis Peñas y Juan José Moreno- que han denunciado en El Mundo que el actual alcalde, Narciso de Foxá, les ofreció un millón de euros si dejaban de oponerse a vender por siete millones de euros parcelas que ellos juzgaban que valían 48 millones de euros.

Denuncia socialista

Hasta el momento, la fiscalía sólo dispone del relato de irregularidades que hizo el propio PSOE en su denuncia ante el Fiscal General del Estado: "Pammasa (sociedad municipal) recibió del Ayuntamiento tres parcelas con una edificabilidad global de 30.035 metros cuadrados destinadas a uso residencial (no protegido). Como la encomienda aceptada por Pammasa al recibir las parcelas consistía en edificar en ellas vivienda protegida, pero el suelo permitía ejecutar vivienda libre, el Consejo de Administración decidió emplear el mecanismo de permuta de derechos para absorber las obligaciones de construir vivienda protegida de diferentes promotores privados, a cambio de que éstos compensasen a Pammasa con la diferencia de valor entre el derecho a construir vivienda libre que Pammasa les transmitía, y el derecho a edificar vivienda protegida que la sociedad municipal adquiría".

Y esto dañó a las arcas municipales, a tenor de la denuncia: "La cantidad total que el Ayuntamiento, a través de Pammasa, obtuvo de la subasta referente a las parcelas fue de 7.216.317 euros. Ahora bien, puesto que la edificabilidad total de estas tres parcelas ascendía a 30.035 metros cuadrados, y la diferencia real de valores entre los aprovechamientos permutados, según los informes del arquitecto municipal, asciende a 1.338 euros por metro cuadrado, el Ayuntamiento, a través de Pammasa, tenía que haber obtenido al menos para compensar la pérdida de valor económico que sus solares sufrieron merced a la permuta, una cantidad igual o superior a 40.195.239 euros".

El escrito socialista proseguía: "Esta cantidad se obtiene de multiplicar los metros cuadrados de edificabilidad que fueron objeto de transformación a través de la permuta por la diferencia real de valor entre cada metro cuadrado de aprovechamiento". El corolario era simple: "Las consecuencias de las conductas que en su día denunciamos han sido por tanto de una gravedad extrema para el Ayuntamiento: el patrimonio municipal ha perdido con esta operación nada menos que 32.978.868 euros, es decir, 5.487 millones de las antiguas pesetas." Todo ello, acusaba el PSOE, merced a una subasta que se realizó "sin ninguna garantía para la publicidad y la concurrencia, mediante un sistema de invitación previa a determinados propietarios, y en la que cuatro de los seis participantes ofrecieron la misma cifra como oferta: 330,48 euros por metro cuadrado".

Por contra, el PP ha defendido la legalidad de su gestión y ha arremetido sin éxito a través de los tribunales contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. Ante esa situación, la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea de Madrid, Ruth Porta, afirmó ayer que, "cada vez que alguna instancia judicial investiga a miembros del Partido Popular, Esperanza Aguirre da la orden de arremeter contra la Administración de Justicia".