El fiscal del Yak-42 pide los registros de los cementerios para probar el delito de falsedad

El fiscal de la Audiencia Nacional Fernando Burgos ha pedido a la juez Teresa Palacios, responsable de investigar el caso Yak-42, que envíe un oficio a los cementerios donde fueron inhumados, y posteriormente exhumados y trasladados, los cadáveres de 21 militares identificados erróneamente, para que remitan copia de los documentos de enterramiento. Estas copias, según fuentes próximas a la fiscalía, permitirán acreditar la comisión de un delito de falsedad documental del que sería eventualmente responsable, como mínimo, el general médico Vicente Navarro.

Fuentes jurídicas indicaron que el escrito del Ministerio Público tiene gran trascendencia en el proceso, pues es el primer indicio de que éste considera que se ha cometido un delito y, llegado el momento, pedirá que se abra el correspondiente juicio oral. Si el fiscal presenta acusación es muy difícil, precisaron las mismas fuentes, que la causa se archive, como temen muchos familiares de los 62 militares muertos en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso repetidamente a la admisión a trámite de la querella presentada por la asociación que agrupa a la mayoría de las familias afectadas.

Sin embargo, el escrito del fiscal Burgos va en la línea de probar la existencia del delito de falsedad en documento oficial que, a su juicio, requiere que se deriven consecuencias jurídicas de la misma. Éstas se producirían en los registros de los cementerios, pues una eventual prueba de paternidad daría resultado erróneo debido a la falsa identificación de los restos.

El fiscal ha presentado también un escrito en el segundo procedimiento que se instruye por el caso Yak-42: el referido no a la identificación de los cadáveres sino a la contratación del avión. En este escrito, se pronuncia sobre el recurso de la asociación de familiares contra la decisión de la juez de denegar todas las pruebas que pidió en noviembre pasado.

El fiscal avala la decisión de Teresa Palacios en la mayoría de los casos por considerar que los testimonios pedidos se alejan del objeto de la investigación o son prematuros. Pero apoya la declaración del hoy comandante Fernando Val, jefe del destacamento del Ejército del Aire en Manás (Kirguizistán) cuando se produjo el siniestro y "posible testigo directo de los últimos momentos del vuelo". El fiscal reclama también abundante documentación técnica, admite la personación en el proceso de UM Air, la compañía que operaba el Yak, y pide que se ofrezca dicha posibilidad a la Abogacía del Estado.

Por otra parte, el jefe de la cúpula militar, general del Ejército Félix Sanz, se reunió ayer en Madrid con el director general de NAMSA, la agencia de la OTAN a través de la cual se fletó el Yak-42, Karl-Heinz Münzner. Fuentes de Defensa calificaron la reunión de "tensa", aunque aseguraron que se produjeron algunos avances.

Según estas fuentes, el director de NAMSA se comprometió a dirigirse al broker Chapman Freeborn, adjudicatario del transporte de las tropas españolas, para reclamarle el seguro de 75.000 dólares por pasajero que figuraba en el contrato y nunca se suscribió. Hasta ahora, NAMSA había alegado que era el Gobierno español, que adelantó a las familias un total de 4,6 millones de dólares, quien debía reclamar.

Sanz pidió también al director de NAMSA que explique "por escrito" la cadena de subcontrataciones del Yak-42, en la que hubo seis intermediarios, y asuma sus responsabilidades por la falta de control. Defensa concreta dicha responsabilidad en el encargado de gestionar el contrato con España.

El titular de Defensa, José Bono, advirtió al secretario general de la OTAN, Jaap de Hoope Scheffer, de que llevaría este asunto a la reunión de ministros de la semana próxima si no recibía una respuesta satisfactoria de NAMSA. Fuentes de Defensa indicaron ayer que Bono esperará a conocer la respuesta del director de la agencia a las demandas que le hizo Sanz.