Antes de que me chupe la sangre, la dono"

A la consejera de Justicia, María José López, le pitan los oídos últimamente. No es una sensación, sino las sonoras pitadas que la acompañan a cualquier acto público al que asiste desde hace más de un mes. Los autores de esta incómoda banda sonora, los 6.500 funcionarios de la administración de Justicia, reclaman, entre otras cosas, la equiparación en jornada y salario con el resto de funcionarios de la Junta. Para ello, utilizan métodos variopintos, como acudir en masa a donar sangre, como sucedió ayer en Sevilla, aunque sólo lo hicieron efectivamente unos 40 trabajadores, bajo el lema "antes de que me chupe la sangre la Vampiresa de la Consejera la dono".

Las protestas se van recrudeciendo conforme pasan las reuniones sin llegar a un acuerdo, hasta el punto de que, en un acto celebrado el lunes en Cádiz, la consejera aseguró que los manifestantes arrojaron huevos y piedras a su coche oficial. La plataforma sindical formada por CC OO, UGT y CSI-CSIF negó ayer en un comunicado que hubieran tirado piedras, y aseguró que las declaraciones de López responden a "una clara estrategia de provocación y manipulación".

Las razones de este conflicto se remontan a 2002, cuando los sindicatos firmaron un acuerdo con el Ministerio de Justicia, del PP. Ante la inminente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la oficina judicial, se pactaron unas mejoras profesionales y económicas, que pasaron a ser obligación de la Junta, al tener transferidas las competencias en materia de personal. Estas mejoras tendrían que haber entrado en vigor por ley el 15 de abril, pero la plataforma CCOO, UGT y CSI-CSIF y el sindicato profesional SPJ-USO acusan a la consejera de incumplir estos acuerdos.

Tres son las principales reivindicaciones de los antiguos auxiliares, oficiales y agentes judiciales -desde la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 2003 pasan a tener otras denominaciones y categorías, con un aumento de funciones-. En primer lugar, explica José María Vico, coordinador del sector de Justicia de CC OO en Andalucía, la equiparación de jornada, de las 37,5 horas semanales actuales a las 35 horas del resto de funcionarios de la Junta. También piden la aplicación del Pacto para la Conciliación de la Vida Familiar y Laboral, que por ejemplo amplía el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas, y del que están excluidos.

En segundo lugar, los trabajadores exigen la implantación de los complementos específicos, parte de su retribución que depende de la Junta, por un importe equiparable al del resto de funcionarios. Estos complementos se fijan por las circunstancias de determinados puestos, como la responsabilidad o las incompatibilidades, casi absoluta para el personal de los juzgados. Tras cuatro reuniones, López ha puesto sobre la mesa una oferta que Rafael Guerrero, de UGT, considera "insultante": de 180 a 201 euros, que incluye un complemento de 84 euros que ya cobran y que según ellos, no debería contar. Un funcionario de la Junta de la misma categoría cobra un mínimo entre 260 y 305 euros.

En tercer lugar, los trabajadores piden participación efectiva, a través de la mesa sectorial de la justicia, en el diseño de la nueva oficina judicial. Esta reforma, prevista para 2006, pretende hacer la justicia más accesible a los ciudadanos, pero según las centrales, no cuenta con los funcionarios que normalmente atienden al público, que sólo participan en mesas de trabajo no vinculantes.