Numerosos proveedores del PP rehúsan informar al Tribunal de Cuentas

El Partido Popular sumó el mayor monto de irregularidades en los servicios electorales recibidos en los comicios legislativos de 2004 en la medida en que sus proveedores no los declararon al Tribunal de Cuentas, lo que ha impedido su verificación, según un reciente informe de dicho órgano sobre dichos comicios. La auditoría señala que en el caso del Partido Popular "se han identificado 24 proveedores por prestación de servicios o adquisición de bienes, con una facturación total de 312.435 euros, que no han informado al Tribunal de Cuentas, incumpliendo lo contemplado en la ley orgánica del régimen electoral".

En el caso del PSOE, sólo seis proveedores incurrieron en esa misma irregularidad, y por un monto de 42.108 euros. A esto habría que sumar un proveedor del PSC, que dejó sin comunicar servicios por un valor de 47.560 euros.

En el caso de Izquierda Unida, sus cuatro proveedores opacos ante el Tribunal sumaron 96.172 euros. Tres proveedores de Esquerra Republicana no rindieron cuentas de servicios por valor de 119.558 euros. Coalición Canarias presentó un proveedor con igual situación que facturó 16.809 euros. Similar peso tuvieron las irregularidades de Eusko Alkartasuna referidas a dos proveedores.

En las elecciones europeas, según otro reciente informe del Tribunal de Cuentas, se produjeron iguales irregularidades, pero su mayor peso no recayó en los partidos de ámbito nacional, sino en las coaliciones. El Partido Popular sumó nueve proveedores opacos al Tribunal de Cuentas que facturaron 89.668 euros. El PSOE, en esos mismos comicios, contabilizó tres empresas que no rindieron cuentas por un total de 27.349 euros.

Los topes de incumplimiento de proveedores recayeron en diversas coaliciones: Izquierda Unida-Iniciativa Per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa (cinco proveedores no declararon servicios por más de un millón de euros); Galeusca-Pueblos de Europa (dos proveedores que facturaron 337.865 euros); Coalición Europea (una empresa contratada por 168.100 euros).

Las críticas y recomendaciones de ambos informes son similares. En algunos casos, se han registrado ingresos y pagos, en contra de la normativa, a través de cuentas distintas de las habilitadas específicamente para las elecciones. Y en varias formaciones se ha detectado que mantenían obligaciones pendientes con proveedores o acreedores con posterioridad al límite temporal para disponer de sus saldos electorales.

Más allá de denunciar las citadas anomalías, el Tribunal plantea tres medidas correctivas: que la subvención para envío de propaganda se regule de modo más preciso ante lo que considera una indeterminación de criterios; que se proceda a una adecuada coordinación de los requisitos exigidos para la financiación privada, según se trate de financiación ordinaria o electoral, a fin de que su cumplimiento no se convierta en la práctica en una restricción fácilmente eludible; que se establezca un adecuado régimen sancionador, con la consiguiente atribución de competencias al órgano que se designe y el procedimiento a seguir en sus diferentes fases ante los incumplimientos e infracciones de la regulación prevista en la normativa electoral.