Táctica de camuflaje

Los informes anuales de Amnistía Internacional (AI) sobre el estado de los derechos humanos en el mundo son cada vez más alarmantes. Lo son no sólo porque los Estados que desconocen los derechos humanos en sus leyes los vulneran de manera sistemática, sino, sobre todo, porque también son cuestionados o suplantados por prácticas claramente contrarias a ellos por no pocos Estados que los sitúan en el frontispicio de sus constituciones. Así lo confirma el informe correspondiente a 2005, que acaba de hacerse público.

Estados Unidos asume una buena parte de responsabilidad en el drástico retroceso producido en la generalidad de los países en materia de libertades y derechos. Sólo se avanza -y es importante- en la erradicación de la pena de muerte: 84 países, 5 más que en 2003, la tienen abolida en la actualidad. La amenaza terrorista, materializada tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y el modelo de guerra diseñado para combatirla -preventiva y con recorte de garantías y libertades individuales- sirven a muchos Gobiernos para blindarse frente a la crítica, reprimir a sus adversarios y aprobar leyes restrictivas o contrarias a los derechos humanos. El informe de AI señala un hecho inquietante: la táctica de camuflaje utilizada por la Administración de Bush -e imitada por otros Gobiernos- para ocultar bajo una terminología neutra, e incluso tranquilizadora, lo que constituyen verdaderos atentados contra los derechos de la persona. La tortura ya no es tal, sino "posturas estresantes", "manipulación sensorial" o "manipulación medioambiental". Tampoco los detenidos que desaparecen sin dejar rastro son "desaparecidos", con los efectos jurídicos que ello conlleva, sino "detenidos fantasma".

La Administración de Bush considera "ridículas e infundadas" las críticas de AI y reivindica para su política el mérito de "hacer progresar la libertad y la democracia en el mundo". Pero esa reivindicación se compadece mal con algunas de las disposiciones de la Patriot Act, la persistencia de ese gulag de nuestro tiempo llamado Guantánamo, la tenue respuesta a las prácticas degradantes descubiertas en Abu Ghraib (Irak) o la "subcontratación de la tortura" en países poco o nada reticentes a la hora de aplicarla. En España, AI observa que el Gobierno no recurrió tras los atentados del 11-M a la política del miedo y la inseguridad para orientar su estrategia antiterrorista, pero registra denuncias de casos de tortura y malos tratos, muchos de ellos de índole racista o relacionados con la detención incomunicada. El Ministerio del Interior tendría que aclararlos.