Carmel, caso abierto

La comisión del Parlamento catalán sobre los hundimientos del barrio barcelonés de El Carmel por las obras del metro ha concluido su labor. El desarrollo de las sesiones se han producido sin disputas circenses. Elevará al pleno un documento suscrito por CiU, PSC, ERC e Iniciativa, los cuatro partidos que, en un momento u otro, han tenido que ver con la ejecución de la obra. El PP votó en contra del dictamen y lo calificó de fraude.

La obra empezó bajo el Gobierno de CiU y la monumental chapuza se desmoronó en pleno mandato del tripartito. El documento considera grave la responsabilidad de las empresas privadas encargadas de la dirección y ejecución de la obra e insta a demandarlas.

Menos contundente es a la hora de valorar la responsabilidad política. El tripartito la da por extinguida con la dimisión de dos cargos y admite precipitación al autorizar en febrero un primer regreso de vecinos a edificios afectados que fueron nuevamente desalojados. Más tibia todavía es la responsabilidad que acepta CiU, que considera excesiva la mención a debilidades e imprecisiones en el proyecto.

La comisión tenía un doble encargo: investigar el proceso de la obra y la política de adjudicaciones. En el primer capítulo, tras el desfile de expertos queda pendiente una decisión judicial sobre quién debe hacerse cargo de los 95 millones que va a costar arreglar el entuerto. Para indagar sobre el segundo comparecieron técnicos, empresarios y sindicalistas pero ningún político. El texto final asegura que no se ha podido acreditar el presunto cobro de comisiones. Pese a ello recomienda medidas técnicas para mejorar la transparencia en las adjudicaciones e insta a introducir mecanismos que rebajen la opacidad de las cuentas económicas de los partidos. Una de ellas, la eliminación de las donaciones anónimas, no tiene el respaldo de CiU.

La conclusión de que hay concurrencia de causas y de responsabilidades en la tutela y ejecución de la obra es razonable y se sustenta en un esfuerzo de investigación. Pero que la comisión no haya encontrado rastro de corrupción no impide que la sospecha -oficializada por el famoso comentario de Maragall sobre el 3%- siga instalada en la ciudadanía y es urgente que la administración catalana aplique las medidas cautelares sugeridas. La investigación parlamentaria, a falta de la aprobación del texto en el pleno, no cierra el caso. Están vivas las investigaciones judiciales sobre la obra y los trabajos preliminares de la fiscalía sobre eventuales comisiones ilegales.