Azar y patrimonio

Cada valenciano gasta una media de 163 euros al año en Lotería Nacional, el doble que cada andaluz y por encima de los 157 euros que invierte cada madrileño en el juego de mayor éxito que gestiona la empresa pública Loterías y Apuestas del Estado. Los valencianos también destacan como aficionados al bingo, donde gastan una media de 45 euros anuales, un poco menos que los aragoneses (53 euros por habitante y año) o los madrileños (50 euros).

La afición por las apuestas tiene su correlato en las arcas públicas. Los valencianos pagaron en conjunto 215 millones de euros por tasas sobre el juego en 2003, casi lo mismo que los andaluces. Una cantidad que arroja la mayor contribución por habitante en todo el Estado.

La pasión por el juego en la Comunidad Valenciana tiene también un correlato científico. Miguel Mazón, que fuera secretario de la Consejería de Hacienda bajo mandato del socialista Joan Lerma, es el autor de la primera tesis doctoral elaborada en España sobre la materia. Análisis económico, jurídico y fiscal del juego es obra de un economista que confiesa sentirse incómodo en un casino y que jamás entraría en un bingo por placer, pero que atisbó la importancia económica del asunto desde un cargo político y sabe embelesarse con las buenas películas de género negro rodadas en Las Vegas.

Mazón sostiene que "el juego entendido como una modificación patrimonial en cuanto designio del azar ha existido y se ha practicado siempre". Las pinturas rupestres recogen los precedentes del juego de dados. Los egipcios ilustraron partidas entre el dios de la noche y la luna. Los chinos inventaron el Go en torno al año 2300 antes de Cristo. Los aztecas desarrollaron una especie de parchís.

El primer intento de regular los juegos lícitos en España fue dictado por el rey Alfonso X El Sabio en 1276. La Orden de Taruferías, casas de juego, constituye el precedente de "los establecimientos de juego autorizados con participación pública". La orden fijaba los locales y días de la semana en los que se podía jugar y establecía sanciones por su incumplimiento. Los Reyes Católicos dictaron una pragmática muy similar en 1480. Felipe II llegó a introducir castigos físicos para sancionar a los jugadores de clases bajas. Sólo Carlos III, en 1771, suprimió los castigos físicos, e introdujo una regulación sobre rifas que se convirtió en precedente de la Lotería Nacional.

El primer Código Penal, aprobado en 1822, bajo influencia liberal, no tipificaba el juego ni como delito ni como falta. Sólo sancionaba la estafa. Pero Fernando VII, en 1831, promulgó una pormenorizada regulación que prohibía los juegos de azar "a toda clase de personas". Bajo reinado de Alfonso XIII, en 1912, se intenta adecuar la normativa a la realidad y se autorizan el juego en locales supervisados. "El régimen de autorización consagra el principio de la intervención del Estado en la actividad de los particulares", explica Mazón.

El trabajo se extiende en detalles sobre la regulación actual del juego en España y sobre las competencias cedidas a las autonomías. Sobre el impacto social de los distintos juegos públicos y privados y su dimensión económica. Y sobre el peculiar estatuto de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), "una corporación de derecho público, de carácter social, con personalidad jurídica propia, sometida al protectorado del Estado, con autonomía económica y financiera y plena capacidad de obrar".

El trabajo refleja la diversidad de la legislación sobre el juego en los diversos estados miembros de la UE, una diversidad que complica las loterías de dimensión continental y apunta obstáculos a la libre competencia.

Mazón recoge varios debates jurídicos en torno a los fundamentos de la tributación sobre el juego. El jugador que apuesta, por ejemplo, ¿está inmerso en una actividad económica?, ¿compra un servicio?, ¿pone en circulación una mercancía?

El autor evita trazar un perfil del jugador, pero si aventura que el bingo está de capa de caída, que los casinos crecerán a corto plazo como proveedores de un atractivo para los turistas y que las máquinas tragaperras no despiertan interés entre los jóvenes. También alerta sobre la complejidad de las apuestas a través de internet y asegura que "ha desbordado a todos los responsables en materia de juego que, de forma casi general, no han sabido reaccionar ante el fenómeno". Mazón sugiere que los casinos on line exigen una respuesta, como mínimo, de ámbito europeo.