Un buen precedente

Creo que los dirigentes andaluces del PSOE y del PP deberían explicar a los ciudadanos qué diferencias existen entre la visión que tienen uno y otro partido de la estructura del Estado y del lugar que debería ocupar Andalucía dentro de la misma.

La impresión que tengo es que no hay distancia significativa entre las posiciones del PSOE y del PP. No las hay desde hace ya muchos años, desde la refundación de AP como PP a finales de los ochenta. Antes del Congreso de Sevilla, en el que José María Aznar fue designado presidente del PP, los populares estuvieron en contra de la estructura del Estado que se había construido dentro de las posibilidades y límites que contempla la Constitución, incluyendo en sus programas electorales de 1982 y 1986 una propuesta de reforma de la Constitución para poner fin a la experiencia autonómica. Pero desde 1989, el PP aceptó la estructura del Estado y no ha vuelto a ponerla en cuestión. En 1992 participó en la negociación con el Gobierno del PSOE de los segundos Pactos Autonómicos, a través de los cuales se completó el diseño de la estructura del Estado, al equiparar a las comunidades autónomas del 143 competencialmente con las comunidades del 151 de la Constitución. A tal efecto el PSOE y el PP pactaron reformas de todos los estatutos de autonomía del 143, a fin de incluir en dichos estatutos el contenido competencial de los mencionados pactos autonómicos. Y en las dos legislaturas en que el PP ocupó el Gobierno de la nación, 1996-2004, aunque algunos podamos pensar que su interpretación del ejercicio del derecho a la autonomía fue restrictiva, no podemos al mismo tiempo dejar de reconocer que respetaron la estructura territorial estatal definida mediante la combinación de la Constitución y los 17 Estatutos de Autonomía.

La irrupción de Valencia es una llamada de atención que debe hacernos volver a la realidad

En el origen de la estructura descentralizada del Estado español están las reivindicaciones de Cataluña y País Vasco, pero su definición fue resultado de los acuerdos alcanzados entre el centro-derecha, UCD y PP, y el centro-izquierda, PSOE, sin la participación de las demás fuerzas políticas. Tanto los Pactos Autonómicos de 1981 como los de 1992, a pesar de que estuvieron abiertos a todos los partidos, fueron suscritos exclusivamente por ellos.

Hay por tanto una tradición de colaboración entre el centro-izquierda y el centro-derecha españoles en la definición de la estructura del Estado. Gracias a esa colaboración ha sido posible estabilizar en muy poco tiempo una transformación de una intensidad notable en la territorialización del ejercicio del poder. El consenso territorial entre PSOE y PP prolongado en el tiempo es lo único que puede explicar la enorme estabilidad que ha alcanzado una estructura políticamente tan compleja como la que se ha puesto en marcha desde la entrada en vigor de la Constitución.

No creo que haya nada sustancialmente nuevo que deba motivar un cambio de posición en el PSOE o en el PP. Mi impresión es que sigue habiendo más proximidad entre PSOE y PP en este terreno que la que pueda existir entre cualquiera de ellos y cualquiera de los demás partidos parlamentarios españoles, sean éstos estatales o de nacionalidad o región.

Este consenso básico en materia territorial debería de hacerse visible lo más rápidamente posible, aunque después hubiera que dedicar algún tiempo a la concreción del mismo en cada una de las comunidades autónomas en que están en marcha operaciones de reforma de los estatutos de autonomía.

Así parecía que iba a ser, ya que José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy pactaron la constitución de una comisión de ambos partidos para fijar los límites dentro de los cuales tendrían que moverse las reformas estatutarias. Pero desgraciadamente no ha sido así. La comisión no ha llegado a constituirse y la deriva hacia el choque frontal en todos los terrenos se ha acabado imponiendo.

La única excepción ha sido la Comunidad Valenciana, en la que el PP en el Gobierno y el PSOE en la oposición han sido capaces de ponerse de acuerdo en la reforma del estatuto de autonomía. Aunque el acuerdo parece haber encontrado algunas resistencias en el interior del PP, se ha acabado produciendo y ha sido presentado en sociedad esta misma semana.

Se trata de un magnífico precedente. La Comunidad Valenciana es una de las comunidades autónomas importantes. Por su peso demográfico y económico, por su ubicación, porque es uno de los bastiones del PP en España. Y, sobre todo, porque supone la irrupción de la multilateralidad en la operación de reforma de la estructura del Estado en la que estamos inmersos.

Nos hemos pasado casi un año con el foco puesto, por un lado, en el País Vasco, como consecuencia del Plan Ibarretxe, y por otro, en Cataluña y Andalucía, como si realmente todo se jugara en estas operaciones de reforma. Se trataba de una realidad desenfocada, de una estructura de Estado irreal. La irrupción de Valencia es una llamada de atención que debe hacernos volver a la realidad. El Estado español son 17 comunidades autónomas y todas tienen que ser tomadas en consideración simultáneamente en la reforma de la estructura del Estado. Ninguna comunidad puede ser privilegiada y ninguna debe ser preterida.

Me imagino que el ejemplo valenciano va a ser seguido por las demás comunidades autónomas y que en poco tiempo empezarán a alcanzarse acuerdos de reforma de estatutos en prácticamente todas las regiones. El que las Cortes Generales tengan que pronunciarse casi simultáneamente sobre todos los proyectos de reforma estatutaria es la mejor garantía de acierto. Será la mejor manera de mantener la igualdad en el ejercicio del derecho a la autonomía por todas las comunidades autónomas.